El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha ordenado el despliegue de 400 soldados de la Guardia Nacional de Texas en los estados de Oregón e Illinois, una decisión que ha generado controversia y rechazo por parte de algunos líderes locales. El gobernador de Illinois, JB Pritzker, ha calificado la medida como una "invasión", argumentando que no se ha consultado ni coordinado con su administración. Esta movilización, formalizada a través de un memorando del secretario de Defensa, Pete Hegseth, busca enfrentar incidentes violentos y amenazas a la aplicación de las leyes federales.

El documento legal, dirigido al ayudante general de la Guardia Nacional de Texas, Thomas Suelzer, y al gobernador republicano Gregg Abbott, estipula que la orden de movilización entrará en vigor de inmediato por un período inicial de 60 días, con posibilidad de prórroga. Los soldados estarán bajo el mando del comandante del Comando Norte de Estados Unidos, Gregory Guillot. Sin embargo, el gobernador Pritzker ha expresado su descontento, afirmando que no hay justificación para enviar tropas militares a un estado soberano sin su consentimiento.

En un mensaje a través de la red social X, Pritzker ha instado al gobernador de Texas, Gregg Abbott, a retirar su apoyo a esta decisión, pero Abbott ha rechazado la solicitud, afirmando que ha autorizado plenamente el despliegue. La medida ha sido criticada también por el gobernador de California, Gavin Newsom, quien denunció el envío de efectivos de la Guardia Nacional californiana a Portland, Oregón, a pesar de un fallo judicial que paralizaba la federalización de la Guardia Nacional en ese estado.

La gobernadora de Oregón, Tina Kotek, ha confirmado la llegada de 101 miembros de la Guardia Nacional de California con estatus federal, y ha lamentado la falta de notificación oficial sobre esta acción. La situación ha generado un debate sobre el uso de la Guardia Nacional como herramienta política y la necesidad de coordinación entre el gobierno federal y los estados. La administración de Trump justifica el despliegue como una medida necesaria para proteger la seguridad y el orden público en áreas afectadas por la violencia.