La administración de Donald Trump anunció este lunes que cumplirá con el fallo judicial que bloqueó temporalmente un fondo de USD 1.776 millones destinado a compensar a personas que, según la Casa Blanca, sufrieron una supuesta persecución política durante el gobierno de Joe Biden.

La decisión implica, en los hechos, una pausa de al menos dos semanas para una iniciativa que había generado una fuerte controversia política y que recibió cuestionamientos incluso dentro del Partido Republicano. Entre las críticas figuró la posibilidad de que algunos participantes del asalto al Capitolio del 6 de enero de 2021 pudieran acceder a pagos financiados por el Estado.

El Departamento de Justicia informó que acatará la resolución dictada el viernes por una jueza federal de Virginia, aunque aclaró que mantiene profundas diferencias con el criterio adoptado por el tribunal.

"Este fondo estaba abierto a cualquier persona que hubiera sido objeto de esa politización de la justicia, ya fuera demócrata, republicana, conservadora, independiente o de cualquier otra afiliación", sostuvo el organismo en un comunicado oficial.

Qué es el Fondo Antipolitización

El denominado Fondo Antipolitización contemplaba recursos por USD 1.776 millones y surgió como parte de un acuerdo vinculado a una demanda presentada por Trump contra el Servicio de Impuestos Internos (IRS).

El presidente había reclamado inicialmente USD 10.000 millones por la filtración de información sobre sus declaraciones fiscales. Según los cuestionamientos planteados por opositores y especialistas legales, el mandatario desistió de avanzar con esa demanda a cambio de la creación del fondo, lo que despertó sospechas sobre la legalidad del acuerdo.

La jueza federal Kathleen Williams, en Florida, ordenó además reabrir el expediente y exigió explicaciones a los abogados de Trump sobre denuncias que hablan de una posible manipulación del sistema judicial. La magistrada les dio plazo hasta el 12 de junio para responder a las acusaciones de colusión y presunto fraude procesal.

Crecen las críticas entre los republicanos

La iniciativa también abrió una grieta dentro del propio Partido Republicano. Varios legisladores cuestionaron públicamente el plan y advirtieron sobre la posibilidad de que beneficiara a personas involucradas en los disturbios del Capitolio.

Uno de los más duros fue el exvicepresidente Mike Pence, quien recordó que durante el ataque fue uno de los principales objetivos de los manifestantes.

"Me resulta profundamente ofensivo que pueda existir algo que, siquiera potencialmente, compense a personas que agredieron a agentes de policía o vandalizaron el Capitolio", afirmó durante una entrevista televisiva.

A las críticas se sumaron figuras de peso dentro del Senado. Mitch McConnell calificó la propuesta como una "idea totalmente estúpida" y "moralmente incorrecta", mientras que Thom Tillis sostuvo que se trataba de "un fondo para pagar a canallas". Por su parte, Bill Cassidy cuestionó la falta de antecedentes legales para una medida de estas características.

La Justicia mantiene en suspenso el plan

La jueza federal de Virginia fijó una audiencia para el 12 de junio, fecha en la que evaluará si extiende la suspensión del fondo mientras continúa el litigio.

Hasta entonces, la administración Trump deberá mantener congelada la implementación del programa, que se convirtió en uno de los temas más sensibles para la Casa Blanca por las implicancias políticas y judiciales que podría tener en plena campaña electoral.