Donald Trump confirmó que sostendrá su política arancelaria pese al fallo de la Corte Suprema de EEUU que invalidó parte del esquema aplicado mediante poderes de emergencia, y anunció que recurrirá a otras leyes comerciales para mantener los gravámenes.

El presidente señaló que los aranceles vinculados a seguridad nacional y prácticas comerciales desleales "permanecen en vigor y con plena fuerza", en referencia a las medidas adoptadas bajo la Trade Expansion Act de 1962 (Sección 232) y la Trade Act de 1974 (Sección 301), instrumentos tradicionales del derecho comercial estadounidense que no fueron alcanzados por la sentencia.

Además, adelantó que firmará una orden para imponer un arancel global del 10% utilizando otra base normativa, con el objetivo de reemplazar el mecanismo que la Corte consideró inválido.

Cambio de base legal, no de estrategia

La decisión judicial determinó que el Ejecutivo había excedido su autoridad al utilizar una ley de emergencia económica para aplicar tarifas generalizadas sin aval del Congreso. La respuesta de la Casa Blanca consistió en trasladar la política comercial hacia herramientas legales históricamente utilizadas por Washington.

El movimiento implica pasar de un esquema sustentado en poderes extraordinarios a mecanismos más clásicos del trade law, que permiten imponer restricciones por razones de seguridad nacional o por prácticas comerciales consideradas desleales, dentro de procedimientos ya consolidados.

En la práctica, la orientación económica no se modifica. Lo que cambia es el fundamento jurídico elegido para sostenerla.

Una lógica conocida en la política comercial estadounidense

El reencuadre legal no constituye una excepción en la historia económica de EEUU. El sistema normativo prevé múltiples vías para intervenir en el comercio exterior, y las administraciones suelen migrar entre ellas cuando una base enfrenta límites judiciales o políticos.

Ese desplazamiento permite preservar los objetivos de fondo -protección de sectores estratégicos, reducción de déficits comerciales o presión negociadora- aun cuando la herramienta utilizada deba modificarse.

Impacto económico y razones detrás de la continuidad

El gobierno federal había recaudado más de USD 200.000 millones en aranceles desde comienzos del año pasado, lo que explica la decisión de sostener el esquema por otras vías.

Antes del fallo, la tasa arancelaria efectiva promedio sobre las importaciones se ubicaba en 16,9%, según estimaciones del Budget Lab de la Universidad de Yale. Si las medidas anuladas dejaran de aplicarse sin reemplazo, ese nivel podría descender a 9,1%. Pero si la nueva tarifa general del 10% prospera, la carga volvería a subir hasta alrededor de 15,4%.

Un nuevo capítulo tras el fallo dividido

La Corte Suprema había anulado el régimen arancelario por seis votos contra tres, al considerar que la norma invocada por la administración no autorizaba al Presidente a imponer tarifas de alcance general sin intervención del Congreso.

El tribunal no se pronunció sobre la eventual devolución de los aranceles ya cobrados, lo que dejó abierta una discusión judicial y administrativa sobre posibles reembolsos y la continuidad de acuerdos comerciales alcanzados durante la vigencia del esquema ahora cuestionado.

Trump reaccionó con dureza contra los magistrados, a quienes calificó como una "desgracia para la nación", y prometió "trabajar alrededor" del fallo para reinstalar buena parte de los cargos a las importaciones, en una señal de que la disputa legal y comercial continuará en una nueva etapa.