La jueza federal Kathleen Williams resolvió que Donald Trump utilizó de manera impropia una demanda por USD 10.000 millones contra el Servicio de Impuestos Internos (IRS) para obtener beneficios personales y para sus aliados mediante un acuerdo alcanzado con organismos que integran su propia administración.

En un fallo de 56 páginas, la magistrada concluyó que nunca existió una controversia real entre las partes, requisito indispensable para sostener una demanda civil en EEUU, y prohibió que el presidente, sus hijos, la Organización Trump y el Gobierno invoquen el acuerdo o cualquiera de sus cláusulas como resultado legítimo de ese proceso judicial.

Una demanda sin intereses contrapuestos

Trump demandó al IRS en enero por la filtración de sus declaraciones impositivas y reclamó USD 10.000 millones. La causa terminó en mayo con un acuerdo negociado entre sus abogados personales y funcionarios del Departamento de Justicia.

Ese convenio incluía amplias protecciones frente a auditorías fiscales, inmunidades para personas y entidades vinculadas con el presidente y la creación de un fondo de USD 1.776 millones destinado a compensar a quienes afirmaran haber sido víctimas de la denominada "instrumentalización" del sistema judicial.

Williams sostuvo que el expediente nunca buscó resolver una disputa jurídica o fáctica, sino utilizar al tribunal para conferir legitimidad a un acuerdo que beneficiaba al presidente:

Esta acción nunca tuvo como objetivo que una parte buscara la resolución judicial de una cuestión jurídica o de una disputa sobre los hechos

Y agregó que el proceso pretendía "dar cierta legitimidad a un acuerdo destinado a conceder inmunidad a personas y entidades vinculadas con el presidente y reservar miles de millones de dólares de los contribuyentes para reparar agravios no definidos por la ley".

Qué cambia el fallo

La resolución no reabrió la demanda ni declaró expresamente inválido todo el convenio privado.

Sin embargo, Williams prohibió que las partes presenten ese acuerdo como el resultado de un litigio legítimo o invoquen cualquiera de sus cláusulas en procedimientos oficiales, lo que priva al pacto de los efectos jurídicos que pretendía obtener mediante esa demanda.

Reuters señaló que esa decisión podría dejar sin efecto la protección frente a auditorías fiscales incluida en el convenio, mientras que AP destacó que la jueza no resolvió expresamente la validez de un eventual acuerdo privado celebrado al margen del expediente.

La propia magistrada aclaró que el Poder Ejecutivo podría intentar celebrar un nuevo acuerdo por fuera de este litigio, aunque ese escenario no formó parte de la controversia que debía resolver.

El fondo de USD 1.776 millones

El acuerdo también contemplaba un fondo de USD 1.776 millones para compensar a personas que sostuvieran haber sido víctimas de "lawfare" o de la "instrumentalización" del Estado, expresiones utilizadas por Trump para describir las investigaciones en su contra y contra sus aliados.

Como publicó este medio, el acuerdo había quedado bajo fuerte cuestionamiento después de que dos policías que defendieron el Capitolio denunciaran que el fondo de USD 1.776 millones podía terminar beneficiando a participantes del asalto del 6 de enero de 2021. Aquella demanda ya había logrado frenar la creación del fondo. Ahora, un nuevo fallo fue un paso más allá al cuestionar el propio origen judicial del convenio. 

Ante esa presión, el fiscal general interino Todd Blanche anunció que el Gobierno desistiría de crear el fondo, que además ya había sido bloqueado por otro tribunal federal.

Sanciones y derivaciones disciplinarias

Williams concluyó que Trump, sus hijos adultos y la Organización Trump actuaron de mala fe y sostuvo que tanto los abogados personales del presidente como los funcionarios del Departamento de Justicia utilizaron indebidamente el sistema judicial.

Por ese motivo remitió al abogado Alejandro Brito al Colegio de Abogados de Florida para que evalúe una eventual sanción disciplinaria y ordenó enviar una copia de su resolución a las autoridades competentes respecto de Todd Blanche y Stanley Woodward.

Además, habilitó que los terceros que intervinieron para cuestionar el acuerdo reclamen el reintegro de los honorarios legales derivados de esa actuación.

La respuesta de Trump

El equipo jurídico del presidente no respondió directamente a los fundamentos del fallo y volvió a sostener que las declaraciones impositivas de Trump fueron divulgadas de manera indebida.

"El presidente continúa responsabilizando a quienes perjudican a EEUU y a los estadounidenses", afirmó un vocero.