El régimen chavista celebró como un hecho histórico el acuerdo anunciado por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, para tomar el control de 65.000 millones de barriles de petróleo en territorio venezolano. La presidenta interina de Venezuela, Delcy Rodríguez, afirmó que el convenio -calificado por el mandatario republicano como "el mayor de la historia del mundo"- tendrá un impacto decisivo en la reactivación económica del país caribeño. 

En paralelo, desde el Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) emitieron un comunicado respaldando la medida bajo el argumento de establecer un nuevo escenario de desarrollo productivo.

Para la Casa Blanca, el anuncio persigue un objetivo doméstico directo: contener el alza de los combustibles en el mercado interno norteamericano de cara a las elecciones legislativas de noviembre de 2026. 

El galón de gasolina regular en EEUU se ubicó en USD 4,08, consolidando una fuerte suba frente a los USD 3,20 registrados el año pasado. 

Trump sostuvo que la medida "reducirá sustancialmente los precios de la gasolina para todos los estadounidenses durante mucho tiempo". La iniciativa prevé además la firma de contratos entre la petrolera Chevron y otras firmas estadounidenses para volcar inversiones multimillonarias en los yacimientos, buscando al mismo tiempo reponer la Reserva Estratégica de Petróleo de Washington y garantizar abastecimiento a sus refinerías.

Las dudas de los especialistas sobre la infraestructura y el riesgo político

Pese al tono triunfalista de los anuncios, analistas del sector energético y consultoras internacionales recibieron la noticia con un marcado escepticismo sobre su viabilidad a corto plazo. 

Expertos de GasBuddy y Eurasia Group advirtieron que los cambios en el surtidor no se reflejarán en los próximos meses, ya que los yacimientos venezolanos -que hoy producen escasos 1,25 millones de barriles diarios sobre un total probado de 303.000 millones de barriles- sufrieron décadas de desinversión y requieren reparaciones masivas. 

Asimismo, informes de la Agencia Internacional de la Energía (AIE) ratificaron que la recuperación de cuencas con infraestructura deteriorada exige plazos prolongados que impiden responder a crisis de oferta inmediatas.

Por otro lado, la falta de detalles técnicos sobre el esquema operativo y el contexto institucional generan cautela en los mercados. Trump no precisó qué empresas privadas financiarán las obras ni cómo se ejercerá el control mayoritario estadounidense sobre los campos. 

A esto se suma la fuerte tensión política interna: reportes divulgados por The Wall Street Journal y The Guardian señalaron que la oposición venezolana expresó un profundo rechazo al pacto. 

Dirigentes opositores denuncian que se trata de una concesión discrecional concretada tras la remoción del autócrata Nicolás Maduro en enero, en un marco donde el control del aparato estatal y de los organismos de seguridad continúa bajo el mando del hombre fuerte del régimen, Diosdado Cabello, quien actúa como tutor político de la gestión de Rodríguez.