El gobierno de la provincia de Buenos Aires avanzó contra Mercado Libre por presuntas infracciones a la Ley de Defensa del Consumidor y abrió un expediente que podría derivar en una multa de hasta $1.815 millones. 

La investigación apunta a una serie de cláusulas incluidas en los contratos de adhesión de Mercado Libre y Mercado Pago que, según las autoridades bonaerenses, generan un desequilibrio en perjuicio de los usuarios.

La actuación fue impulsada por la Dirección Provincial de Defensa de las y los Consumidores, dependiente del Ministerio de Producción, Ciencia e Innovación Tecnológica que conduce Augusto Costa. 

El organismo revisó las condiciones generales de uso del ecosistema de Mercado Libre, junto con los contratos vinculados a préstamos personales y financiamiento para compras y pagos ofrecidos a través de Mercado Pago.

Qué observó la Provincia

Según el gobierno bonaerense, el análisis detectó más de diez cláusulas que podrían resultar abusivas. 

Entre los principales cuestionamientos aparecen la falta de información clara sobre determinadas tarifas, la posibilidad de que la empresa modifique unilateralmente los términos y condiciones, la transferencia de responsabilidades al usuario frente a fraudes o accesos indebidos y mecanismos que habilitan compensaciones entre distintas cuentas.

La Provincia también objetó cláusulas que limitan la responsabilidad de la compañía ante fallas técnicas, permiten débitos sobre cuentas de terceros vinculadas al usuario o establecen jurisdicción exclusiva en tribunales de la Ciudad de Buenos Aires para resolver conflictos.

Desde el organismo sostuvieron que estas disposiciones podrían vulnerar derechos básicos de los consumidores vinculados a la información, la transparencia y el acceso a la justicia.

Mercado Libre tiene cinco días para responder

El expediente abrió una instancia administrativa en la que la empresa podrá presentar un descargo y proponer modificaciones sobre los puntos cuestionados. Si Mercado Libre acepta adecuar o eliminar las cláusulas observadas, el proceso podría cerrarse sin sanciones.

En caso contrario, la Provincia quedó habilitada para avanzar con una multa que puede alcanzar los $1.815 millones.

El gobierno bonaerense destacó que Mercado Libre encabezó el ranking de reclamos recibidos por Defensa del Consumidor durante el primer cuatrimestre del año, con 2.396 denuncias individuales.

La respuesta de la empresa

Tras conocerse la imputación, Mercado Libre rechazó los cuestionamientos y remarcó que el expediente corresponde a una etapa inicial de revisión administrativa.

"Rechazamos las acusaciones planteadas y presentaremos el descargo correspondiente en tiempo y forma, aportando toda la información y aclaraciones necesarias", señalaron desde la compañía a Infobae.

La empresa fundada por Marcos Galperin aseguró que sus términos y condiciones son "claros, transparentes y alineados con la normativa vigente" y destacó que millones de personas utilizan diariamente sus plataformas con un nivel de reclamos que calificó como bajo en relación con el volumen de operaciones procesadas.

También sostuvo que cuenta con mecanismos de protección al usuario y canales de atención destinados a resolver conflictos de manera rápida.

Costa defendió la medida y negó motivaciones políticas

El ministro de Producción bonaerense, Augusto Costa, respaldó la actuación del gobierno provincial y sostuvo que la investigación surgió a partir del elevado número de reclamos contra la compañía. Según indicó, Mercado Libre acumuló más de 2.400 denuncias de consumidores durante el primer cuatrimestre del año, lo que la convirtió en la empresa con más reclamos registrados en la provincia de Buenos Aires.

"Son denuncias por problemas con devoluciones de productos, cláusulas abusivas, fraudes y estafas, donde hubo inconvenientes con el uso de las plataformas y a los usuarios se les imputaron operaciones que no habían realizado", afirmó el funcionario.

Costa explicó que la investigación comenzó con una revisión de oficio de los términos y condiciones que los usuarios aceptan al registrarse en la plataforma. "Nos pusimos a analizar cómo es el sistema de términos y condiciones que establece Mercado Libre cuando uno se baja la aplicación y se suscribe a sus servicios, eso que nadie mira", señaló.

Según el ministro, varias de las disposiciones analizadas podrían entrar en conflicto con la Ley de Defensa del Consumidor. Entre los ejemplos mencionó cláusulas que habilitan el cobro de tarifas sin especificar previamente los montos o condiciones, la posibilidad de modificar unilateralmente los términos de uso y la transferencia de responsabilidades a los usuarios ante eventuales fraudes o hackeos de cuentas.

"Existe una ley de Defensa del Consumidor porque en una relación entre una empresa con el poder que tiene Mercado Libre y un usuario existe una situación desigual. La normativa busca equilibrar esa relación y garantizar derechos básicos", sostuvo.

El funcionario también cuestionó mecanismos que permitirían a la empresa retener fondos o debitar dinero de las cuentas para compensar deudas. "La empresa se atribuye la capacidad de retenerte plata o descontarte ingresos a través de la plataforma para cobrarse alguna deuda, y eso no se puede", afirmó.

"No hay ninguna motivación política"

Consultado sobre las críticas que suele realizar Marcos Galperin contra el kirchnerismo y la posibilidad de que exista una motivación política detrás de la intimación, Costa rechazó esa interpretación.

"Por supuesto que no", respondió. Y recordó que la Provincia ya impulsó actuaciones similares contra otras compañías de distintos sectores.

Como antecedente, mencionó el caso de Netflix. "El año pasado detectamos cláusulas abusivas, intimamos a la empresa, reconoció que no eran correctas, las modificó y hoy los usuarios tienen sus derechos mejor protegidos", aseguró.

Finalmente, el ministro afirmó que las diferencias públicas con el fundador de Mercado Libre no condicionan la relación institucional con la compañía. "Las formas y las provocaciones de Galperin no cambian para nada la voluntad de trabajar con cualquier empresa en la provincia de Buenos Aires", concluyó.

Un nuevo frente regulatorio

La imputación llega en medio de otros conflictos regulatorios que involucran a Mercado Libre y Mercado Pago. La compañía mantiene una disputa con Modo y con distintas entidades bancarias por cuestiones vinculadas a la competencia en medios de pago y al funcionamiento del sistema de billeteras digitales.

En paralelo, la Autoridad Nacional de la Competencia mantiene abierto un expediente iniciado a partir de denuncias de Modo por supuestas prácticas anticompetitivas dentro del ecosistema de comercio electrónico y pagos digitales.

Ahora, el foco quedó puesto en la respuesta que presentará Mercado Libre ante la Provincia y en la definición sobre las cláusulas cuestionadas, un debate que podría sentar un precedente para todo el sector fintech y de comercio electrónico.