Mientras Energía prepara una nueva fórmula para determinar los nuevos valores de los biocombustibles que debe ser aprobado por Hacienda, crece la presentación de amparos en la Justicia para que el Gobierno retrotraiga los valores a febrero pasado. Por su parte las provincias productoras aceleran los consensos necesarios para que en julio ingrese un nuevo proyecto de ley en el Congreso.

Luego que hace poco la Justicia hiciera lugar a un amparo de la empresa Ledesma que obliga al Gobierno a restablecer la fórmula que fuera directamente eliminada. Esta semana se supo que los ingenios: Concepción, Los Balcanes, Corona, Santa Rosa, Trinidad y Santa Barbara, -todos de la provincia de Tucumán-, también presentaron un recurso similar a la firma con asiento en Jujuy.

Esto es una nueva presión para el secretario Gustavo Lopetegui que a la fecha viene incumpliendo lo dictado por la Justicia para que publique un valor a Ledesma, algo que a la fecha no paso. Energía apelo la medida que si bien fue aceptada, la cautelar no fue suspendida. Además la firma Río Grande trabaja en un recurso de amparo.

Este diario se comunicó con la Secretaria de Energía para que dé su parecer al respecto, pero no quisieron hacer declaraciones.

El Gobierno deberá dar en breve su opinión sobre la futura iniciativa que se debatirá en el Congreso

Los productores de biodiésel también presentaron amparos en la Capital Federal. Por su parte fuentes de la industria de bioetanol a base de maíz señalaron que están armando recursos administrativos que seguro terminaran en una cautelar.

En este contexto provincias e industria agrupadas en la Liga Bioenergética buscan darle forma al proyecto de ley que reemplazará a la actual norma 26.093 que vence en 2021 ante el desinterés por parte del Gobierno en avanzar en energías más amigables con el medio ambiente.

Fuentes provinciales y de la industria señalaron que se quiere lograr el mayor consenso posible y no tener trabas en el Congreso, para eso ya se mantuvo reuniones con el Poder Ejecutivo a quien se le pidió un interlocutor que deberá acercar la visión de las distintas áreas del Gobierno: Ambiente, Producción, Agroindustria, Energía y Hacienda.

Además también hubo encuentros con la Asociación de Fábricas de Automotores ( Adefa) cuya postura es ir hacia un aumento del corte de forma total y no parcial con lo salvedad de darles el tiempo necesario para que las automotrices se adapten al cambio.

En lo que concierne al proyecto, las fuentes consultadas coincidieron que la discusión pasa por definir si será un mercado regulado o liberado, en este último son las grandes las que lo impulsan y que va de la mano con lo que quiere Energía. Los azucareros son los que prefieren una plaza más controlada mientras otros buscan un intermedio entes ambas instancias.

Precios por fórmula o licitación es otro de los debates puertas adentro que tampoco se logra destrabar. Para el Gobierno, lo ideal es imponer valores y si hay que subir el corte en su mezcla con los combustibles fósiles deberá ser gravando los biocombustibles.

En este escenario y sin acuerdo entre las propias cámaras empresarias es difícil que llegue la iniciativa al Congreso. Se descuenta que no será así dado que es la única alternativa frente a un Gobierno que como se dijo descree de las energías alternativas a base de cultivos agrícolas.

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