A fines de enero, se conoció públicamente la crisis de Winery, la mayor cadena de vinotecas del país. La familia Chmea, su propietaria, arrastra deudas de $700 millones. La industria vitivinícola es la más perjudicada, le siguen los bancos y sus 45 empleados que a más de tres semanas de ser despedidos, no pudieron cobrar.

Sin embargo, el conflicto saltó a los medios por el reclamo que hicieron los empleados contratados, los más indefensos, que trabajaron en diciembre y Winery no les pagó.

Aunque las bodegas no reclaman a los gritos, ni le piden la quiebra, están muy golpeadas por la situación. En la mesa de la Corporación Vitivinícola Argentina el tema no pasó desapercibido. Walter Bressia, presidente de Bodegas Argentinas sostuvo que "Winery perjudicó a la industria del vino en $400 millones, además de deberle a los bancos $300 millones. Afectó a muchos proveedores, incluso a algunos chicos que ven muy afectada la economía de su empresa".

Winery anunció el cierre de dos locales. Para evitar un pedido de quiebra, Jaime Chmea le ofreció a las bodegas pagarles "el 50% de la deuda en cinco años, a partir de enero de 2019".

Son muchos y variados los nombres de las bodegas afectadas: a Trapiche le deben $60 millones, a Norton $30 millones y a Trivento unos $40 millones.