El crecimiento en los últimos meses al rechazo y prohibición del uso de agroquímicos en el interior del país determinó que el Gobierno, a través de los ministerios de Agroindustria, Ciencia y Tecnología, Medio Ambiente y Salud, conforme una mesa no sólo para debatir sino para establecer un marco regulatorio en materia de aplicaciones de fitosanitarios. Como resultado, se elaboró un documento que brinda no solamente principios básicos sino también recomendaciones de la actividad. El texto estará abierto por treinta días a la sociedad para que, de esta forma, se acerquen propuestas u objeciones. También se enviará a las provincias para que hagan su aporte y, en un tiempo no muy lejano, se girará al Congreso, con el objetivo de buscar los consensos necesarios que lleven a la formulación de un proyecto que termine en ley.

Según lo escrito por los técnicos, el paper ofrece salomónicamente doce principios sobre las políticas públicas que deben regir la aplicación de agroquímicos. Que se entiende como: asegurar el uso de los productos fitosanitarios para la actividad agrícola cuidando la integridad de las personas y el medio ambiente. Para esto deberá regir el conocimiento científico y, principalmente, el poder de policía del Estado para evitar y corregir la falta de las buenas prácticas agrícolas (BPA).

En lo referido a las recomendaciones, sostiene la necesidad de regular los agroquímicos por medio de una ley, darle un marco institucional a partir de una plataforma para que en ella se coordinen todos los programas referidos al sector. También impulsa el monitoreo y el control, la autogestión y, por último, propone capacitar, educar y comunicar.

Sin embargo, en ninguna parte del documento establece lo más importante y que es lo que viene generando debate en los distintos concejos deliberantes del interior del país como es lo referido a la distancia en la aplicación de los fitosanitarios.

A cambio de eso, se busca fortalecer las BPA como herramienta para evitar cualquier prohibición a la hora de, por ejemplo, realizar una fumigación aérea; para esto, la misma debe estar "sujeta a sistemas de control y monitoreo adecuado".

Así lo remarcó el director nacional de Agricultura, Ignacio García Arena, quien señaló que el documento no habla de distancias sino, por el contrario, de que si se hacen "BPA en las aplicaciones, las distancias dejan de ser relevantes y no haría falta hacer mención alguna sobre las distancias".

Queda claro que no hay igualdad de opiniones, sobre todo dentro del Gobierno. Un ejemplo de eso es precisamente Entre Ríos, en donde el glifosato divide aguas dentro de Cambiemos. Algunos concejales consultados por este diario que respaldan la limitación al uso del agroquímico señalaron que sus propios pares del partido no toman en cuenta las objeciones de querer impulsar una agricultura más amigable con el medio ambiente.

En definitiva, el debate será amplio y áspero cuando se logre un proyecto que llegue al Congreso. Por lo pronto, lo que emita el Ejecutivo está lejos de ser acatado por las legislaciones municipales, dado que no son aplicables y totalmente independientes de si hay o no una resolución que emita pautas mínimas en la aplicación de los fitosanitarios.