La Corte Suprema de Justicia determinó que es inconstitucional el cobro de alí- cuotas diferenciales de Ingresos Brutos para empresas o comercios que operen en distintos distritos. En términos prácticos, la justicia ordenó el fin de las “aduanas paralelas” que afloraron en las administraciones provinciales en la última década. Tres distritos ya avanzaron en la eliminación en sus presupuestos de ese diferencial en el gravamen.

El máximo tribunal emitió un fallo unánime en el marco de dos causas: Bayer contra Santa Fe y Harriet y Donnelly con Chaco. En ese marco, la CSJ declaró la inconstitucionalidad de los regí- menes establecidos por las provincias demandadas en relación al impuesto sobre los ingresos brutos, en cuanto imponen alícuotas superiores a los contribuyentes o responsables del tributo radicados fuera de sus jurisdicciones.

El Tribunal consideró de aplicación al caso la regla sentada en el precedente Bolsa de Cereales de Buenos Aires según la cual “el distinto domicilio de una persona no puede ser un elemento diferenciador dentro de una categoría obligada al pago o a la recaudación del tributo”. De esta manera, decidió que la discriminación generada por la legislación tributaria de ambos Estados provinciales en función del lugar de radicación del contribuyente, lesiona el principio de igualdad de las cargas públicas y altera la corriente natural del comercio instaurando así una suerte de “aduana interior” vedada por la Ley Fundamental, para perjudicar a los productos provenientes de otras provincias en beneficio de los manufacturados en sus territorios.

Para el socio del estudio Lisicki&Litvin Ricardo Sosa, “aún sin estos diferenciales Ingresos Brutos sigue siendo un impuesto distorsivo”, consideró. “Es un gravamen que no da crédito en la etapa siguiente como el IVA, entonces se va acumulando en el precio”.

La Ciudad de Buenos Aires, la provincia de Buenos Aires y Córdoba ya avanzaron por motu proprio con la supresión de estos diferenciales en sus proyectos de presupuesto para el año próximo.

“Hay una previsión constitucional de no interferir en el comercio interior y con estas alícuotas estarían reglando el comercio interprovincial. Surgió primero como un impuesto adicional para industrias, pero terminó expandiendose también a comercios”, recordó Sosa. Anteriormente, la Corte ya se había pronunciado sobre las aduanas interiores pero sólo de forma declarativa.

Según un estudio de IARAF, para el caso de Córdoba, el impacto fiscal es menor: con la eliminación de las alícuotas diferenciadas la provincia perdería 1.800 millones de pesos, el equivalente al 5% del total recaudado por Ingresos Brutos. “Con esta medida es factible que en el mediano plazo tiendan a bajar los precios de los insumos industriales que Córdoba importa de otras provincias y por ende el precio de los productos industriales finales que se producen en la provincia”, concluyó IARAF.