El peluquero de la farándula Roberto Giordano fue procesado por el delito de "insolvencia fiscal fraudulenta" y podría sufrir una pena de hasta seis años de prisión. El juzgado Nacional en lo Penal Económico N° 10, a cargo de Diego Amarante, ordenó el procesamiento de Leonardo Roberto Giordano y dispuso la prohibición de salida del país y un embargo de $30 millones por los delitos mencionados.

La causa que puede poner entre rejas al peinador y estilista tiene su origen en una denuncia realizada por la AFIP, y por la cual la Justicia sostiene que el empresario creó sociedades truchas donde ponía a "testaferros" o prestanombres sin ninguna capacidad contributiva (es decir, personas que no tenían la capacidad económica de tener ninguna empresa), para luego desapoderarlas de las mismas (es decir, quitarle los bienes) obligándolos a entregarle las empresas a Giordano a valores nulos o irrisorios.

No me cobren, soy Giordano

De acuerdo con la investigación que lleva adelante la Justicia, Giordano habría ocultado al menos 17 bienes de su propiedad a través de tres empresas: Guildin, Adraltior y Nilamar, las que usaba para defraudar a sus acreedores. Giordano utilizaba esas empresas para que figuraran como titulares de los inmuebles (sociedades "sellos de goma", que no estaban operativas y que usaba para simular transferencias) y que junto a las sociedades "truchas" lograba que los acreedores no pudieran cobrar.

De esta manera, Giordano usaba la cadena de peluquerías para acumular deudas laborales y comerciales, pero principalmente tributarias y previsionales. De esta manera, financiaba la expansión de su negocio, impidiendo al fisco el cobro de sus deudas.

El juez también le prohibió a Giordano la salida del país, medida que comenzará a regir cuando termine la cuarentena, y ordenó el embargo de $30 millones sobre el que fuera alguna vez el más mediático de los peluqueros.

Antecedentes

En los últimos años, el estilista tuvo varios problemas con la Justicia. En marzo de 2017, Giordano fue procesado por los presuntos delitos de retención indebida de los aportes de Seguridad Social en calidad de autor penalmente responsable en forma reiterada en 22 ocasiones, por la falta de depósito de los aportes retenidos a los empleados de las firmas Unidos SRL, Arimis SRL y Big Brands SA.

Y un año antes, había sido procesado por "quiebra fraudulenta" por el juez de instrucción porteño Gustavo Pierretti por "haber sustraído y ocultado a sus acreedores -principalmente, laborales- al menos 17 inmuebles a través de sociedades fantasmas y testaferros". La causa se había iniciado a raíz de la denuncia de la jueza a cargo de la quiebra, Julia Villanueva, quien remitió testimonios de las actuaciones de ese expediente a la Justicia penal.

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