A poco más de un mes del fin de la concesión del Buenos Aires Design, la Legislatura porteña aprobó el proyecto elevado por el ejecutivo porteño para volver a licitar el predio. Aunque en un comienzo se especuló con que el plazo de la explotación sería de 70 años, los legisladores establecieron que finalmente será de hasta 15 años, más 5 prorrogables.

También se dictaminó que los comerciantes que actualmente ocupan el predio, tendrán un plazo de 18 meses para abandonarlo. Sobre la utilización que se le dará al predio, la legisladora de Unidad Ciudadana, Andrea Conde, le indicó a BAE Negocios que todavía es muy pronto para saber si continuará funcionando un centro comercial, pero sí confirmó que se ignoró el proyecto de los vecinos de Recoleta de convertir el lugar en un espacio público.

La autorización para concesionar el predio que cuenta con más de 21.500 metros cuadrados de superficie, unos 80 locales y un patio de comidas para 700 personas, se aplicaría a partir de la fecha de entrada en vigor de la ley, por el plazo máximo de dos años o hasta tanto se adjudique la nueva concesión, lo que ocurra primero, indicó el Parlamentario.com.

El Buenos Aires Design no pasa por su mejor momento, ya que uno de sus socios, el propietario del 44% del paquete accionario Enrique Blaksley Señorans, presidente y socio mayoritario de Hope Funds, fue detenido y acusado de lavado de dinero y estafa. El 56% restante está en manos de Emprendimientos Recoleta ERSA, perteneciente a la familia Elsztain, dueña d.  IRSA.

En el lugar también funcionan 174 cocheras y un auditorio, más el afamado Hard Rock Café que cuenta con 100 empleados.

El canon mensual era de $397.000, una suma irrisoria, teniendo en cuenta que por el alquiler de dos locales de 250 metros cuadrados un inquilino pagaba $450.000, incluyendo expensas e IVA. Sin contar que la llave era de tres alquileres anuales y la comisión de Fibesa, la empresa de IRSA que alquila los locales, era de 6%, equivalente a seis alquileres más. Un dato no menor es que a partir de junio, IRSA dolarizó los alquileres, algo que molestó más a los locatarios, si bien estaba contemplado en el contrato.