La Cámara Argentina de Industria Plástica (CAIP) estimó hoy que el sector perdió unos 9.500 empleos y unos 1.600 millones de pesos durante los casi dos primeros años de vigencia de la prohibición de la utilización de bolsas plásticas en la ciudad de Buenos Aires.

"A dos años sin bolsas plásticas, la industria perdió 2.400 empleos directos, 7.200 empleos indirectos y el cierre de 90 empresas productoras de bolsas, con una pérdida económica de $ 1.600 millones", afirmó este miércoles Sergio Hilbrecht, gerente general de CAIP.

La ciudad "generó un grave perjuicio al trabajador de esta industria que impactó, no en la Capital Federal, sino en el resto de las provincias donde estaban radicadas las plantas que debieron cerrar sus puertas o entrar en convocatoria", afirmó el directivo.

Para Hilbrecht, la medida que entró en vigencia en enero de 2017 "además de afectar a trabajadores y empresas, afectó al vecino de la ciudad y al medio ambiente", al reiterar el planteo del sector de permitir las bolsas verdes y negras que permite la discriminación en origen.

"La gente hoy saca la basura en cualquier bolsa. Perdió la costumbre de la bolsa discriminada y volvió a cualquier tipo de contenedor, lo que a su vez genera más dificultades para las cooperativas de reciclado, más suciedad en las calles y más residuos destinados al Ceamse", detalló.

El industrial precisó que el peso del film de la bolsa plástica en los rellenos sanitarios es del 0,1%, por lo que el problema no es la bolsa sino la gestión de los residuos, de los cuales entre el 45 y 50% son húmedos, entre 12 y 14% plásticos, otro tanto en papel y cartón y un 9% aluminio.

El directivo de la entidad que agrupa a la industria transformadora plástica también alertó que en el caso de los plásticos de un solo uso (en particular sorbetes y vasos descartables) también tendrá una importante afectación en la producción local de avanzar las prohibiciones.

Hilbrecht precisó que esa afectación alcanzaría a 30 empresas y pondría en riesgo 600 empleos directos, 3.000 empleos indirectos y generaría pérdidas económicas por unos 600 millones de pesos por año.