La petrolera estatal brasileña Petrobras pagará 853,2 millones de dólares de indemnización para que la Justicia de Estados Unidos ponga fin a las investigaciones en ese país por las prácticas irregulares (entre ellos pago de sobornos) atribuidos a la mayor empresa de Brasil.

Los acuerdos para el cierre de las investigaciones fueron suscriptos con el Departamento de Justicia de Estados Unidos y la Comisión del Mercado de Valores (SEC) de ese país, informó la petrolera en un comunicado.

"Los acuerdos archivan completamente las investigaciones de las autoridades estadounidenses" sobre el gigantesco escándalo de pagos ilegales que convirtió a Petrobras en el blanco de la mayor operación contra la corrupción en Brasil (la famosa Lava Jato) y del que la empresa dice haber sido una víctima.

Mediante los acuerdos, la empresa se responsabilizó por los actos ilegales cometidos por algunos de sus ex ejecutivos y que violaron leyes en Estados Unidos, mientras que el Gobierno estadounidense reconoce a la petrolera brasileña como "víctima" de los desvíos cometidos por dirigentes ya despedidos y encarcelados.

"Los acuerdos atienden los mejores intereses de Petrobras y de sus accionistas y ponen fin a incertidumbres, gastos y costos asociados a potenciales litigios en Estados Unidos", dice la nota.

De acuerdo con la estatal, a raíz del escándalo en Brasil, las autoridades estadounidenses venían investigando "los controles internos, los registros contables y las demostraciones financieras" de Petrobras entre 2003 y 2012 para determinar la posibles prácticas irregulares también en Estados Unidos, donde la empresa tiene activos y negocia parte de sus acciones.

La estatal agregó que el acuerdo también se extiende a la Fiscalía brasileña debido a que los desvíos fueron descubiertos por las autoridades brasileñas en el marco de la llamada Operación Lava Jato.

"Eso permitirá que el 80 % de los valores acordados con la SEC y el Departamento de Justicia puedan ser invertidos en Brasil", explicó la empresa.

En concreto, Petrobras pagará 85,3 millones de dólares al Departamento de Justicia de Estados Unidos, 85,3 millones de dólares al SEC y 682,6 millones de dólares a la Fiscalía brasileña.

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