El debate iniciado en diciembre pasado en la Legislatura de Santa Cruz a partir de un proyecto de Cambiemos, por el cual se impulsa ampliar las tierras del Parque Nacional Patagonia sin tener en cuenta la actividad ovina y vacuna que se desarrolla, generó la negativa de los productores, que denunciaron la llegada de fondos extranjeros para la compra de las estancias con fines inmobiliarios no muy claros para cederlos luego a la Nación. El objetivo es llegar a las 500.000 hectáreas en donde se mueven anualmente negocios agropecuarios por $600 millones.

Mediante un comunicado la Federación de Instituciones Agropecuarias de Santa Cruz (FIAS), entidad adherida a Confederaciones Rurales Argentinas (CRA), alertó que fondos internacionales, con dinero de origen poco transparente, utilizan a ONG locales que de buena fe y necesitadas de financiamiento se prestan a elaborar proyectos y ser intermediarias para recibir sus "donaciones" y con ellas comprar grandes extensiones de las mejores tierras productivas de Santa Cruz. Es el caso del Parque Nacional Patagonia, bajo el pretexto de hacer un gran parque binacional con Chile.

Para el presidente de FIAS, Miguel O'Byrne, "existe una presión inmobiliaria que nadie blanquea, dado que no hay un plan sobre qué hacer con las nuevas aéreas del parque a ampliar".

El productor se refiere a otros ejemplos de la provincia, como es el Parque Nacional Monte León, donde pese al proyecto anunciado, se generó un efecto "devastador" con la invasión de animales silvestres y la erosión de los suelos.

Desde la Legislatura, el jefe del bloque de Cambiemos, el diputado Daniel Gardonio, afirmó que el proyecto está "detenido, dado que si vamos a afectar una zona altamente productiva, habría que tener en principio un acuerdo con los productores".

El legislador reconoció que la iniciativa es un "pedido" del Gobierno que llegó al recinto "sin previo aviso", lo que originó un fuerte debate que va desde las reservas de cuencas acuíferas hasta el derecho de la pérdida de potestad de la provincia, entre otros, por ende no es fácil de sacarlo".

En principio la ONG que está llevando adelante la adquisición de las tierras es Flora y Fauna, que al cierre de esta edición no respondió a los llamados de BAE Negocios. Según OByrne, la organización "diseño un mapa donde ellos salen a comprar arbitrariamente las estancias que están definidas dentro del polígono; el problema pasa por aquel que no quiere vender y que, al generársele un parque alrededor, están muertos productivamente".

Consultado por el tema, el vicepresidente de la Dirección de Parques Nacionales, Emiliano Ezcurra, resaltó que "las estancias afectadas no tienen ninguna cabeza de ganado y en otros casos sólo eran para consumo familiar, pero las 60.000 cabezas de ovinos y 2.500 vacunos que se producen, no entran en la compra".

Se entiende, en definitiva, que el reclamo de los productores se da sobre la base de que la ONG avanza en la compra de los campos sin saber realmente si esas tierras tendrán o no acceso al turismo. También se entiende que el Gobierno tomó la seriedad del caso, ya que el lunes la FIAS fue recibida por la jefatura de Gabinete para destrabar el conflicto. Pero la solución es no sacar al hombre que por generaciones ha trabajado en esas tierras, y que por más dinero que le ofrezcan esta arraigado a un tipo de vida que no esta dispuesto a cambiar.

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