La decisión del Ejecutivo de poner un impuesto a los vinos y sidras de 10% y de elevar el tributo a las bebidas gaseosas a 17% si tienen azúcar añadido -todas industrias que dependen de los productos de las economías regionales para su elaboración- fue considerado por el sector como una nueva resolución 125 que buscó impulsar en el 2008 una suba de las retenciones a los cultivos agrí- colas. Frente a esto, las provincias productoras de Cuyo, del norte y del sur diseñarán la estrategia que terminará en una protesta por algo que consideran es la defensa de los puestos de trabajo.

“Lo que estamos haciendo es seguir las recomendaciones de la Organización Mundial de Comercio (OMC), en términos de gravar las bebidas alcohólicas, y el vino tenía una alícuota del 0%.” Con estas palabras, el ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne, justificó la aplicación de un nuevo impuesto al sector vitivinícola, y terminó por desencadenar la bronca tanto de los productores como de la industria.

Así lo hizo demostró el gerente de la Unión Vitivinícola Argentina, Sergio Villanueva, quien relató que haber dicho que el vino “es un producto no saludable para la sociedad, justificando de alguna manera un tema impositivo a través de la descalificación, tendrá consecuencias. Para nosotros esto es nuestra 125, que terminará en acciones duras”.

En esa línea, la semana próxima Mendoza convocará a los gobernadores de las provincias a donde se produce uva: Salta, San Juan, Catamarca, La Rioja, Neuquén y Río Negro. El objetivo del encuentro es evitar que el proyecto llegue al Congreso tal cual está redactado.

El impacto del impuesto significa pasar entre $7.000 a $8.000 millones a manos del Estado, lo cual tendrá repercusión en el primer eslabón, dado que el productor recibirá un menor precio por la uva, y también en el último, el consumidor, que pagará más por una bebida que en los últimos dos años fue perdiendo mercado debido al clima que terminó afectado la oferta.

El presidente de Coninagro, Carlos Iannizzotto, se mostró más cauto. “Sólo se trata de un proyecto de ley; habrá que entender cuáles son las reglas de juego que intenta poner el Gobierno”, sintetizó.

En efecto, en declaraciones radiales el ministro Dujovne afirmó que se trata de todo un paquete de medidas que deberían dar sus frutos conforme se vayan aplicando, como en el caso del impuesto al cheque, créditos y débitos que se podrá tomar a cuenta de Ganancias o la eliminación de Ingresos Brutos, sellos y las aduanas interiores. Se entiende, entonces, que una vez en funcionamiento llegará la teoría del derrame.

Por lo pronto, la cadena vitiviní- cola se puso en alerta a partir de la posible pérdida del empleo. El 70% del costo para producir un kilo de uva está compuesto por mano de obra. La economía regional es un actor fundamental en cada provincia donde se desarrolla. Y hasta ahora no se vio favorecida por las medidas aplicadas desde diciembre de 2016, las cuales fueron todas a la región pampeana (es decir, granos y carnes). Un tema que el nuevo ministro Luis Miguel Etchevehere deberá resolver.

  • Datos duros

$8.000 millones es lo que cederá en un año el sector productivo a las arcas del Estado con la aplicación del 10% de carga tributaria que deberá pagar de cara al 2018

50% del producto bruto regional es lo que representa la actividad que por año genera 300.000 puestos de trabajo el cual significa el 70% de los costos de producción.