Con el objetivo de aumentar la frontera granaria y ganadera en zonas en donde es difícil producirlas por la falta del recurso agua, el Ejecutivo a través de la subsecretaria de Recursos Hídricos, que depende del Ministerio de Interior, lanzará en las próximas semanas una licitación en el marco de la ley 27.328, de Contratos de Participación Público-Privada (PPP), para financiar nuevas áreas de riego que en una primera etapa tendrá como ejes a las provincias de Chubut, Río Negro y Neuquén con una inversión de u$s418 millones.

108.000 hectáreas son las áreas que abarcará el primer tramo del proyecto para el 2018 que incluye a las provincias de Chubut, Neuquén y Río Negro.

Esto surge a partir del Programa Nacional de Nuevas Áreas de Riego, por el cual se evaluaron proyectos en todo el país y donde se identificaron 900.000 hectáreas potencialmente productivas. Estos proyectos, en coordinación con las provincias, tuvieron un método de evaluación multicriterio para priorizar esos mismos en función de cuestiones técnicas, económicas, sociales, de impacto ambiental y de posibilidades de desarrollo productivo, quedando de esta forma 49 iniciativas, de las cuales se comenzará a trabajar con tres: Meseta Intermedia en Chubut, de 35.000 hectáreas; Mari Menuco en Neuquén, con 14.500 hectáreas, y 58.500 hectáreas en Negro Muerto, provincia de Río Negro.

49 proyectos es lo que detecto el gobierno a nivel país elegidos por cuestiones: técnicas, económicas, sociales, de impacto ambiental y de desarrollo productivo

Al respecto y en el marco del Congreso Mundial del Agua (IWA, por sus siglas en inglés), que finaliza hoy en esta Capital, el subsecretario Pablo Bereciartua señaló a BAE Negocios, “la importancia del programa apunta a generar producciones en donde no la hay para que se integren a las áreas agrícolas”.

La inversión para llevar las obras adelante tienen un costo de u$s418 millones. Para esto se constituirá una sociedad de propósito especifico definido en la ley donde participan la nación, provincias y el constructor. De esa forma, los actuales tenedores de tierra ceden una parte a un fideicomiso, el cual vende al valor de la tierra con mejoras, esto implica una plusvalía que es capturada para poder financiar la inversión y luego tanto los propietarios actuales como los nuevos, una vez que ingresan en el sistema pagan un canon de operación y mantenimiento que lo que hace es cubrir los costos más un cargo fijo de si usa o no el agua y después por el uso volumétrico.

Alberto Gurruchaga, miembro de las nuevas áreas de riego de las subsecretaría, detalló además que “quien construye las obras tiene la obligación de traer un financiamiento para que los productores puedan desarrollar las obras intrafinca”.

Según los estudios que hizo el Gobierno, las 108.000 hectáreas serán destinadas a actividades intensivas como cultivos forrajeros, entre ellos el maíz y, además, el desarrollo de la ganadería vacuna aprovechando que la Patagonia es una zona libre de aftosa.

El llamado a interés de las obras ya fue hecho por parte de Argentina y recién en los próximos meses se hará la licitación internacional.

Hoy es sabido que gran parte de la agricultura en el país se hace bajo secano; es decir, el productor recurre a las lluvias para irrigar sus campos. Un tema que se complica en momentos se sequía. En esa instancia, el país cuenta con recursos hídricos para irrigar 16 millones de hectáreas. El riego actual de los campos argentinos representa 7% de la superficie agrí- cola sembrada y explica el 22% del producto total agropecuario. Sin embargo, la adopción de esta tecnología no es fácil dado que tiene un costo aproximado de u$s3.000 por hectárea. El Gobierno deberá tenerlo en cuenta para que el recurso natural llegue a todos los productores.

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