La morosidad de las empresas a la hora de pagar créditos a bancos y otras entidades financieras fue récord en diciembre, impulsada por el default de Vicentin, la principal exportadora de productos de soja producidos en el país, según datos del Banco Central ( BCRA).

La autoridad monetaria aseguró que el porcentaje total de irregularidad de las financiaciones al sector privado fue de 5,6%, un 0,6% superior respecto al mes anterior, con un 7,1% de los préstamos vigentes.

En su informe sobre bancos, que publicó en las últimas horas, el BCRA indicó que "el ratio de irregularidad de las financiaciones al sector privado se situó en 5,6%, aumentando 0,6 puntos porcentuales en el mes". Al respecto, aclara que esto se dio "fundamentalmente en bancos públicos por el cambio de situación crediticia de una empresa de relevancia". Sin nombrarlo, se refirió al grupo Vincentin, que representó un gran porcentaje de la morosidad registrada.

"La morosidad de los préstamos a empresas alcanzó 7,1%, incrementándose 1,4 puntos porcentuales en el período". En tanto, la morosidad de las familias se ubicó en 4,2%, 0,2 puntos porcentuales menos que el mes anterior.

Además, "la mora de los créditos hipotecarios a los hogares continuó en valores acotados: 0,6% de la cartera para los denominados en UVA y 0,9% para el resto". "El saldo de previsiones se ubicó en 98% de la cartera irregular al sector privado en el período, mientras que el saldo atribuible a los créditos irregulares totalizó 80% de dicha cartera en diciembre", informó el BCRA.

La agroexportadora Vicentin se ve envuelta en una polémica por la millonaria financiación que obtuvo durante el Gobierno de Mauricio Macri y la posterior deuda que asegura no poder pagar. Este lunes, pidió a la Justicia la apertura del concurso preventivo de crisis. Su deuda oscila en unos USD1.350 millones, de los cuales unos USD1.000 millones son con los bancos y otros USD350 millones con empresas del sector agrícola.

El Banco Nación es el principal acreedor de la empresa, con 18.000 millones de pesos, seguido por el Provincia con $1.600 millones y el Banco de Industria y Comercio Exterior (BICE), con $5 millones.

Aún así, la empresa prometió "defender" las fuentes de trabajo e intentar evitar la quiebra. La empresa formuló este pedido a dos meses de haber entrado en default por "estrés financiero".