La falta de una política clara sobre el uso de los biocombustibles por parte del Gobierno nacional pone en alerta a un sector que busca justificar la importancia de la industria. En ese contexto es que Santa Fe decidió demostrarle al Gobierno que es viable aumentar el corte de biodiésel que hoy es del 10% en su mezcla con las naftas para llevarlo al 25% y también en el 100 por ciento. La prueba piloto se hará en el transporte público y durante seis meses.

Para esto la provincia firmó un acuerdo con la Cámara Argentina de Biocombustibles (Carbio), la Cámara Argentina de Empresas Regionales Elaboradoras de Biocombustible (Cepreb) y la Consultora ALG Ingeniería, para que 400 colectivos urbanos que prestan servicio en la ciudad de Rosario, comiencen a funcionar desde julio con los distintos cortes y luego del cual, se sabrán los resultados de los ensayos.

En diálogo con BAE Negocios, la secretaria de Estado de la Energía de Santa Fe, Verónica Geese, señaló que "hace falta una estrategia nacional respecto del biodiésel al largo plazo y más cuando se sabe que en el 2021 se vence la ley 26.093 que fomenta su uso".

El saliente ministro de Energía, Juan Manuel Aranguren quedó en llamar a una mesa nacional de biodiésel, pero está nunca se formó. El ahora ex funcionario siempre fue crítico y sostuvo públicamente que no quería impulsar la prórroga de la ley lo que significa que no habría mas obligación para que las petroleras acepten mezclar la nafta con biocombustibles.

Desde siempre la fuerte presión que vienen haciendo la industria automotriz y petroleras que llevan adelante para rechazar el aumento del corte, llevó al Gobierno el año pasado a tomar la decisión de dejar en manos del Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI) y universidades la puesta en marcha de una análisis para ver realmente si los motores actuales de los autos aceptan un mayor uso de los combustibles verdes.

Las automotrices sostienen que si se agrega unos puntos de más, la garantía de que los motores funcionen correctamente se caen. Desligándose del problema. Alegan que para hacerlo "bien" deben pasar al menos dos años de prueba.

Es sabido que la Asociación de Fábricas de Automotores (Adefa) tiene su propia grieta. Una parte, si se quiere, de aquellos que no hacen motores en el país "no tiene problemas en importarlos" desde Brasil, donde el motor Flex es líder. Estos funcionan con alcohol o nafta o la mezcla de los dos en cualquier porcentaje. Pero los que lo rechazan, lo hacen por un tema de política industrial. Sostienen que al introducir otro tipo de motor se corre el riesgo de que se levanten las terminales locales.

Por el lado de las refinerías, el tema es mas sencillo. No quieren ceder mercado en desmedro de las naftas y además porque los números están a su favor. Comprar el biocombustible es más caro.

En definitiva no sólo es apoyar a una industria nacional que genera valor agregado y empleo sino también entender que sólo en el caso del gasoil, la Argentina mantiene un déficit de 4 millones de metros cúbicos al año que puede ser sustituido en parte por los biodiésel. El país se ahorraría en parte, gastos de importación por u$s745 millones.

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