En promedio los inquilinos argentinos destinan el 45% de su salario a pagar el alquiler, según se desprende de los resultados de la segunda encuesta nacional realizada por la Federación Nacional de Inquilinos, destinada de medir el impacto del aumento en el precio del alquiler.

La encuesta contó con más de 5.000 respuestas y el dato más destacado que surgió fue que, en promedio, un inquilino destina el 45% de sus ingresos en el pago del alquiler. Esto representa un incremento de 4 puntos respecto de la encuesta que realizada en enero de este año, que había dado como resultado 41% para esa misma pregunta.

Córdoba –con 46,7%- es la que registra un mayor porcentaje de los ingresos que se destinan al pago del alquiler, seguida de San Juan (46,2%), provincia de Buenos Aires (45,6%), Ciudad de Buenos Aires (44,6%) y Santa Fe (41,9%).

La información hace referencia únicamente al pago del alquiler, excluyendo expensas, impuestos y servicios. Si se toma en consideración todos esos gastos, un inquilino destina entre el 60 y el 70% de sus ingresos en mantener su vivienda alquilada. 

El otro dato que surgió fue la enorme evasión impositiva del mercado inmobiliario, ya que el 78,3% de los encuestados afirmó que la inmobiliaria o el propietario no le extienden una factura al momento de pagar el alquiler. Ese promedio nacional, aumenta en provincias como San Juan (94,2%), CABA (84,5%), Provincia de Buenos Aires (79,9%) y Santa Fe (70,5%).

La Ley Nacional de Alquileres, que fue aprobada por unanimidad en el Senado, corre riesgo de perder estado parlamentario si no es tratada antes de finalizar el año legislativo por la Cámara de Diputados. Ese proyecto extiende a tres años la duración mínima de los contratos y establece que los alquileres deben aumentar una vez por año a través de un índice promedio entre inflación y salario. 

Las organizaciones de inquilinos nucleadas en la Federación Nacional estarán presentes en el Congreso el próximo martes 21 de agosto para mantener un diálogo con diputados, senadores y dirigentes sociales y sindicales a los que le reclamarán la necesidad de avanzar con el tratamiento de la Ley Nacional antes de que pierda estado parlamentario.