Camino a cumplir tres años el caso, la AABE se ha negado a bajar los brazos, e incluso solicitó recientemente una reunión con el juez Maraniello para que sus representantes, Ramón Lanús y Pedro Comín Villanueva, pongan personalmente sobre la mesa los puntos de sus argumentos para quitar el terreno a Cencosud.

Ello, luego de que se le otorgara al caso el “carácter de relevancia institucional para el Estado Nacional Argentino en general, y (también) para la AABE”.

En el marco del proceso, Cencosud ha dicho verse impedida de concretar el proyecto, “principalmente por el dictado de normas provinciales y municipales contradictorias” para realizar un proyecto urbanístico y cumplir así los plazos establecidos en el contrato. Incluso, recordó que en 2008 se celebró un acuerdo conciliatorio con dichas partes, con el que habrían puesto fin a sus diferencias.

En sus argumentos, incluso apeló a la ética del Estado Argentino. “Si el Estado es, como lo sostuvo alguna vez la Procuración del Tesoro, una persona ética por excelencia, que debe actuar no sólo dentro del orden jurídico sino también en consideración a la equidad y a los principios que la informan, es inaceptable la conducta que despliega en este proceso”.