Hasta antes de la pandemia, el sistema de franquicias argentino estaba compuesto por 1.000 cadenas que ofrecían productos y servicios; unos 37.000 puntos de ventas que empleaban a 200.000 personas en forma directa y representaba 2% del PBI nacional, es decir, un movimiento de dinero por unos USD7.200 millones

Pero el Covid-19 llegó para boicotear los planes de muchos de esos emprendedores. Varias empresas no pudieron resistir los cuatro meses de aislamiento y no les quedó otra que cerrar.

Según un relevamiento realizado por la Asociación Argentina de Marcas y Franquicias (AAMF) en conjunto con las Cámaras de franquicias de Córdoba, Mendoza y San Juan, ya desaparecieron 5.200 negocios (14% del total) y corren serio peligro inminente unos 3.700 más. Traducidos en fuentes laborales: ya se perdieron 1.437 puestos de trabajo durante el trimestre abril-junio y pronto podrían sumarse otros 1.000 desempleados. Además, al 38% de la fuerza laboral se le ha reducido su jornada o ha sido suspendida.

Los rubros que más están sufriendo cierres son los de capacitación y turismo.

Antes esta situación de emergencia, la presidenta de la AAMF, Susana Perrotta, indica que “luego de más de 100 días de aislamiento, la situación se ha vuelto realmente muy crítica para la gran mayoría de los empresarios y comerciantes pyme y micro-pyme. Ya no alcanza con los ATP y los préstamos a tasa subsidiada a los que la mayoría no pueden acceder. Por eso, no sólo apoyamos el proyecto de ley de “Asistencia Integral al Rubro Gastronómico”, sino que necesitamos que sus beneficios se extiendan a otros sectores igualmente afectados, como los hoteles, los comercios y zonas comerciales altamente dependientes del turismo, los servicios de entretenimiento como cines, teatros y salones de fiestas, servicios de estética y salud como peluquerías y gimnasios. Todos los que no han podido desarrollar total o parcialmente sus actividades como consecuencia del aislamiento establecido por el decreto de Necesidad y Urgencia Nacional N° 297/2020”.

Con respecto a la necesidad de que esta norma salga prontamente y se mantenga en el mediano plazo, Ezequiel Devoto, gerente general de la entidad, le explicó a BAE Negocios que “es necesario que los comerciantes reciban el apoyo para arrancar y, por lo menos, seis meses luego de haber retomado sus actividades. Pedimos, entre otras cosas, subsidios para pagar salarios, servicios y alquileres y postergación de las cargas patronales. Por ejemplo,  en las provincias en donde se pudieron abrir los restaurantes, lo tuvieron que hacer a la mitad de su capacidad y facturan menos de lo que lo harían en condiciones normales. Eso marca lo difícil que va a ser el regreso en el AMBA. Los empresarios están endeudados y necesitarán que le den un empujón inicial”.

Los números de los comerciantes son críticos. La caída en los niveles de facturación respecto de lo esperable para esta época alcanza un-66% promedio en todos los rubros, pero logra su pico entre los servicios turísticos y entretenimiento -que tiene actividad casi nula- donde llega al 91 por ciento. Lo sigue la gastronomía con un 69%; capacitación con un 65%; textiles con un  48% y comercios especializados, como librerías o perfumerías, con un 35 por ciento. 

Con respecto al pago de salarios de junio, algo más de siete de cada diez comercios solicitó la Asistencia de Emergencia al Trabajo y la Producción (ATP) y casi 90% dice que no puede pagarlos completamente sin esa ayuda. Por otra parte, sólo el 27% pudo pagar o abonará los aguinaldos normalmente, mientras que el 47% lo hará en cuotas y el 26% no podrá pagarlos.

El pago de los alquileres ocupa un capítulo importante. Casi la mitad (47%) logró acuerdos de rebaja de por lo menos el 50%, mientras que un 27% logró una rebaja menor al 50 por ciento. Otro 15% dice que pagará menos alquiler, aunque no haya logrado acordar con el  propietario.

Además, casi seis de cada diez comerciantes decidieron endeudarse en forma adicional y de ellos, el 60% dice que es poco o nada probable que lo pueda pagar en los plazos acordados. Dos de cada tres tiene deudas fiscales, la mitad tiene deudas previsionales y con proveedores, 45% debe  alquiler y servicios públicos. El 75% solicitó préstamos subsidiados al 24% de TNA, pero dos de cada tres no pudo obtenerlos.

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