El Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 envió este lunes una carta a 13 inmobiliarias y fondos de inversión que gestionan más de 100.000 viviendas en España para informarles que deben prorrogar de forma obligatoria los contratos de alquiler que venzan entre el 22 de marzo de 2026 y el 31 de diciembre de 2027, siempre que los inquilinos lo soliciten.

La cartera que dirige Pablo Bustinduy comunicó que la Dirección General del Consumo remitió las notificaciones tras la aprobación, el 20 de marzo, de un Real Decreto-ley que incluye esta medida como parte de la respuesta oficial al impacto económico de la guerra en Irán.

La normativa, ya vigente, establece una prórroga extraordinaria para los contratos de vivienda habitual. El inquilino puede extender el alquiler por períodos anuales hasta un máximo de dos años adicionales una vez finaliza el contrato original, siempre dentro del plazo definido por el decreto.

"El nuevo marco crea un derecho de renovación por dos años que el arrendador debe aceptar si el inquilino lo solicita, con las mismas condiciones del contrato vigente", señaló el Ministerio.

El Gobierno remarcó que la medida alcanza directamente a los grandes operadores del mercado, por lo que exigió a las empresas "máxima diligencia" y la implementación inmediata de mecanismos internos que garanticen su cumplimiento.

En paralelo, Bustinduy y la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, llamaron en los últimos días a los inquilinos a solicitar la prórroga dentro del plazo disponible. El Ejecutivo prevé agotar el margen de un mes antes del debate de convalidación en el Congreso.

Según fuentes oficiales, el Gobierno cuenta con los apoyos necesarios para validar el decreto. Sin embargo, si el Congreso lo rechaza, la norma perderá vigencia, aunque habrá tenido efectos durante el período en curso. Esa posibilidad explica la urgencia del oficialismo por impulsar las solicitudes de extensión de contratos.

El decreto se aprobó en un Consejo de Ministros extraordinario el 20 de marzo, en medio de tensiones dentro de la coalición oficialista. Los ministros de Sumar condicionaron el inicio de la reunión a la inclusión de la prórroga de alquileres, que finalmente quedó fuera del paquete fiscal anticrisis -ya convalidado- y se incorporó en una norma separada que aún espera tratamiento parlamentario.