La Comisión Interamericana de Derechos Humanos ( CIDH) iniciaba hace exactamente 40 años una visita a Argentina para verificar las denuncias que había recibido sobre torturas, persecuciones, ejecuciones extrajudiciales y desapariciones forzadas que perpetraba la dictadura militar como parte de un plan sistemático de terrorismo de Estado.

Las presentaciones ante la CIDH sobre las violaciones a los derechos humanos que se cometían en Argentina se remontaban a 1975, pero tras el golpe de Estado del 24 de marzo del año siguiente, las denuncias se multiplicaron, sobre todo las referidas a casos de desapariciones.

La dictadura militar que encabezaba Jorge Rafael Videla se negaba a recibir a la comitiva, al punto de lanzar una campaña de desprestigio contra los organismos de derechos humanos. La presión ejercida por el presidente de los Estados Unidos, Jimmy Carter, y su secretaria de Derechos Humanos, Patricia Derian, permitieron que en diciembre de 1978 los militares argentinos aceptaran que una delegación de la CIDH llevara adelante una visita al país.

La delegación de la CIDH llegó a Argentina el 6 de septiembre de 1979 y permaneció en el país hasta el 20 de ese mes, y las oficinas de la OEA, ubicadas en Avenida de Mayo al 700, recibieron 5.580 denuncias por parte de las víctimas, y los organismos de derechos humanos aportaron otras 3.000.

"Llegué a la mañana muy temprano y tuve que hacer varias horas de cola para presentar mi caso. Era una fila larguísima que daba vuelta a la manzana. Todos éramos familiares que desde hacía años buscábamos a nuestros desaparecidos", cuenta en diálogo con Télam Cristina Muro, esposa de Carlos Alberto Chiappolini, secuestrado por los grupos de tareas de la ESMA en febrero de 1977.

Los miembros de la CIDH se entrevistaron con los integrantes de la Junta Militar -Roberto Viola, Omar Graffigna y Armando Lambruschini-y fueron recibidos por Videla, acompañado por Luciano Benjamín Menéndez, titular del Tercer Cuerpo de Ejército con asiento en Córdoba.

Recorrieron cárceles y se entrevistaron con los presos políticos y estuvieron en los centros clandestinos de detención de La Perla (Córdoba), el Atlético, Olimpo, y ESMA, que habían sido acondicionados para que la CIDH no pudiera verificar los crímenes que se habían cometido en esos lugares.

En el informe sobre la situación de Argentina, la CIDH reconocía "la situación de miles de detenidos desaparecidos", y se consignaba que "personas pertenecientes o vinculadas a organismos de seguridad del Gobierno han dado muerte a numerosos hombres y mujeres después de su detención".

La dictadura negó las acusaciones e intentó infructuosamente que la OEA rechazara esas conclusiones, pero la verdad sobre los crímenes del terrorismo de Estado en Argentina había sido develada y documentada, y fue ese el primer paso en un recorrido que años más tarde llevaría a la Justicia.

Ver más productos

Macri planea resolver la transición por decreto

Macri planea resolver la transición por decreto

El Vaticano contra “la manipulación de la religión”

El Vaticano contra “la manipulación de la religión”

Ver más productos