Las líneas argumentativas sobre el proyecto de legalización del aborto en la segunda jornada de debate en el Senado fueron las mismas que las de hace dos años. La puja entre "verdes" y "celestes" también. Cada sector, fuera y dentro del plenario de comisiones, está avocado a edificar un discurso que le permita inclinar la balanza en su favor. Aunque el escenario es más prometedor que en aquél entonces para quienes buscan aprobar la Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE), la votación asoma pareja, por lo que unos y otros apuran las negociaciones para sumar a sus filas a los legisladores indecisos. 

La reunión informativa de hoy no tuvo la tensión del día anterior. Norma Durango, que preside la comisión de la Banca de la Mujer; Oscar Parrilli, al frente de la de Justicia y Asuntos Penales; y Mario Fiad, que encabeza la de Salud, llegaron a un acuerdo para evitar subidas de tono y descalificaciones entre los integrantes del plenario. El presidente del bloque oficialista, José Mayans, que lidera a los "celestes", se mostró menos confrontativo, luego de sus críticas a los funcionarios nacionales que expusieron ayer. La tucumana Beatriz Mirkin, del Frente de Todos, continuaba molesta con el jefe de su bancada; mientras el resto de los legisladores del oficialismo optaron por no dejar a la vista las diferencias.    

El debate en el plenario

Algunos de los oradores invitados al Senado ya habían dado su parecer durante el tratamiento del proyecto en Diputados. Uno de ellos, el abogado y referente del radicalismo Ricardo Gil Lavedra, que reiteró que "el embrión no es una persona ya nacida", que "el no nacido tampoco es un ser humano" y que "el derecho positivo no trata igual al nacido que al por nacer". 

"No hay bebé, si no hay madre. Si no hay madre, sólo hay una persona gestante, una embarazada. La maternidad no puede ser forzada, la mujer no puede ser forzada a tener un embarazo no deseado", afirmó Gil Lavedra. Y concluyó: "Estamos ante un proceso irreversible. La recuperación de los derechos plenos de la mujer es un signo de los tiempos. Esto va a suceder. Si no sale ahora, vamos a volver a estar acá". 

Como lo hizo en 2018 y semanas atrás en la Cámara baja, la abogada especializada en Familia Úrsula Basset aseguró que la legalización del aborto favorece el abuso infantil y pidió a las senadoras y los senadores que no voten la iniciativa. "Por favor dé su opinión, pero no nos diga cómo votar", la interrumpió Mirkin.  

"¿Hay un deber constitucional de proteger la vida?", preguntó la senadora radical María Belén Tapia. "Cuando el Estado crea un derecho privatiza el derecho a la vida y lo pone en manos de la madre. Crear un derecho significa que no hay derecho a la vida, que la vida depende del deseo. Me parece que el Estado estaría faltando a su obligación de garantizar la vida", respondió Basset

"El castigo no necesita una condena para ocurrir. El castigo contempla múltiples formas estatales y sociales", apuntó la directora ejecutiva del CELS, Paula Litvachky. 

El abogado constitucionalista Alberto Bianchi sorprendió a varios con algunas de sus comparaciones: "Se habla sobre la autonomía de la mujer, pero si yo, varón, voy a la guardia del hospital y le exijo a un médico que me extirpe el apéndice, él me va a preguntar si estoy sano y si le digo que sí me va a decir que no me opera. ¿Lo puedo criminalizar al médico porque tengo autonomía sobre mi cuerpo?", dijo  Y continuó: "Puedo prescindir de mi apéndice y de muchas partes de mi cuerpo. ¿Tengo el derecho de exigirle a un médico que me extirpe una parte?".

"¿Cuántas mujeres quieren abortar porque no hay un hombre al lado de ellas que sea lo suficientemente valiente?", agregó Bianchi. Y cerró: "Esos varones están de fiesta con esta ley".

Una de las primeras en salir al cruce de esos dichos fue la senadora Alma Sapag: "Al Dr. Bianchi quiero aclararle que las mujeres somos personas deseantes. No tenemos sólo acceso carnal porque nos engañen. No necesitamos de un varón para decidir sobre nuestro cuerpo".

"Habría que sacar a los varones de esto y plantear cuáles son los derechos que tienen las mujeres para decidir sobre su propia vida", añadió Litvachky.

La abogada y activista lesbiana y feminista Luli Sánchez manifestó que "cuando se prohíbe el aborto, también se prohíbe la circulación de ideas y esto se lo hace solo a personas con capacidad de gestar y a las mujeres".

"Hay una norma que dice que la vida se protege desde la concepción, pero al mismo tiempo hay otros principios jurídicos que sostienen el derecho de toda persona a no ser instrumentalizada, a llevar adelante su propio proyecto de vida. Eso se llama autonomía", planteó por su parte la doctora en Derecho Aída Kemelmajer de Carlucci.

En los pasillos

 

Mientras los expositores desfilan por el plenario de comisiones, en el oficialismo están concentrados en conseguir los votos para garantizar la aprobación de la iniciativa que el presidente Alberto Fernández envió al Congreso, así como también en reducir lo más posible los cortocircuitos internos entre los legisladores que están a favor y en contra de la IVE, preocupados por el papel que adoptó Mayans dentro de los "celestes".

El objetivo de la Casa Rosada no es que el jefe de la bancada oficialista desista de su postura, tan solo apuestan a que no se transforme en la principal voz de quienes se oponen al proyecto. El ímpetu de sus críticas a los "argumentos" esgrimidos por la secretaria de Legal y Técnica, Vilma Ibarra, y los ministros Elizabeth Gómez Alcorta, de Mujeres, Géneros y Diversidad; y Ginés González García, de Salud, no cayeron nada bien en el Poder Ejecutivo nacional.   

Mayans sabe que en esta votación no sólo se juega la suerte de una ley, sino también un eventual triunfo o derrota del Gobierno al que pertenece. Aún así es uno de los senadores más activos en la búsqueda de votos para hacer fracasar el proyecto. Sigue de cerca las indecisiones de algunos de sus colegas y se pone al frente de las negociaciones, casi al mismo nivel que en los años del gobierno de Mauricio Macri.

Entre los "verdes" son varios los que piden ser cautelosos respecto a la cantidad de votos reunidos hasta el momento, atentos a las presiones que los senadores puedan sufrir a medida que se acerque el 29 de diciembre próximo, cuando se prevé la votación. La mendocina Anabel Fernández Sagasti -senadora de confianza de la titular del Senado, Cristina Fernández-, junto a las macristas Gladys González y Guadalupe Tagliaferri, es la encargada de acercar a los que dudan a fin de sancionar la norma.      

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Gabriela Vulcano

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