Los cambios en materia judicial comenzaron a tomar mayor importancia en el Gobierno, después de que el titular de la Corte, Ricardo Lorenzetti, reclamó más políticas de fondo durante su discurso de apertura del año judicial.

La Casa Rosada expresó ayer "preocupación" por los casos de excarcelaciones de presos con antecedentes, aunque no consideran que "toda eximición de preventiva está mal". Si bien consideran que "hay casos inexplicables de prisiones preventivas otorgadas", el Gobierno aseguró que "ni la mano dura ni el excesivo garantismo sino la mano justa" es el camino para que la sociedad se sienta cuidada.

"El Poder Judicial todavía está en deuda con la sociedad. Hay que estudiar reformas que sean útiles y sensatas", reclamó el secretario de Fortalecimiento Institucional, Fernando Sánchez, luego de la autocrítica que pidió Lorenzetti.

Varios funcionarios nacionales y legisladores analizaron la agenda legislativa en materia judicial. Por eso el invitado de ayer fue el ministro de Justicia, Germán Garavano, a una reunión de la que participaron el jefe de Gabinete, Marcos Peña; los presidentes de las Cámaras de Diputados y del Senado, y líderes parlamentarios del oficialismo en el Salón de los Científicos.

Los ejes de las reformas que pondrá el Ejecutivo para este año legislativo ya las anunció el Presidente en la apertura de sesiones del 1º de marzo. El Código Procesal Penal y el Código Penal serán las prioridades para "una buena administración de la Justicia". Una de las decisiones en las que también avanzarán involucra a "modificaciones menores" en el Código Civil, aunque no se aclaró cuáles serían los cambios. Mauricio Macri y el ministro Garavano firmaron un decreto que crea una comisión especial de juristas para reformar de nuevo el Código Civil y Comercial. La última modificación entró en vigor hace apenas dos años.

Otro de los temas parlamentarios que impulsarán para su aprobación es el nuevo régimen de subrogancias en los tribunales inferiores, que ya tiene media sanción en Diputados.

En cuanto al Código Procesal Penal, el Gobierno analizó que "es sumamente importante" su implementación. "Son sistemas que se aplican en las provincias con buen resultado, y en otros países de la región como Chile", analizó Sánchez al salir del encuentro. "Los procesos penales duran hasta 20 años y eso no es justicia", reclamó el funcionario.

En Balcarce 50 estuvieron Federido Pinedo y Emilio Monzó, ambos titulares de las Cámaras; los jefes de los interbloques Cambiemos en Diputados y el Senado, Mario Negri y Luis Naidenoff; el titular del Pro, Nicolás Massot, y el diputado Juan Manuel López, referente de Elisa Carrió. Se sumaron los secretarios de coordinación, Mario Quintana y Gustavo Lopetegui.

Los encuentros de los funcionarios nacionales y los legisladores se repetirán cada quince días. Así lo vienen realizando desde febrero cuando decidió instalarse el tema de la despenalización del aborto en el Congreso.

La Casa Rosada podrá prioridad en el nuevo rol de los fiscales en el proceso judicial, aunque aclararon que los jueces "no van a quedar en un rol secundario" sino que se apunta a un "equilibrio".

Después de reclamo de Lorenzetti de regular la situación del arrepentido en los casos de corrupción, el Ejecutivo destacó como novedosa esta figura para la colaboración en los procesos penales.