La ex procuradora general de la Nación Alejandra Gils Carbó afirmó hoy que Mauricio Macri y Horacio Rodriguez Larreta volvieron a la carga con su intención de “transformar la ciudad de Buenos Aires en una guarida fiscal”, algo que ya intentaron en 2008 cuando el presidente era Jefe de Gobierno porteño. No fue la única, también Julio Piumato, titular del gremio de Judiciales, advirtió que se trata de una "embestida contra la justicia".

 

En diálogo con el programa Habrá consecuencias de El Destape Radio, Gils Carbó relató que “a fines de 2008, la legislatura porteña dictó una ley que intenta crear una IGJ porteña, equivalente a la nacional. Querían traspasar sus funciones”. Y advirtió que esa ley es “claramente inconstitucional”.

 

“Crear una IGJ porteña era para fomentar el uso de sociedades offshore. Que ahora se pretenda reflotar entre gallos y medianoche queda claro la intención", sostuvo.

 

“Cuando era fiscal de cámara, en 2008, pedí una medida cautelar para impedir que hubiera una IGJ porteña. Eso se mantuvo 10 años, pero ahora parece que quieren retomarlo”, agregó.

 

De esta manera, la ex procuradora se hizo eco de una información publicada en el diario BAE Negocios, que da cuenta de una notificación a los trabajadores de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) a los que el Gobierno porteño les informó que pronto se pondrá en marcha el nuevo organismo con jurisdicción en la Ciudad.

 

Gils Carbó denunció que “lo que se busca con la IGJ porteña es liberalizar el uso fraudulento de sociedades” y que “crear una IGJ en la ciudad de Buenos Aires es crearse una jurisdicción sin controles”.

 

“Quieren un bill de impunidad, donde habrá personas que van a ocultar sus patrimonios y ocultar sus responsabilidades, a diferencia de las personas comunes”, agregó.

 

"Obviamente la evasión impositiva es uno de los principales objetivos”, afirmó. Y estimó que "debe haber un interés muy grande en que Buenos Aires sea una guarida fiscal".

 

Piumato, en tanto, lanzó una campaña en redes sociales con el tag #NoAlTranspasoDeIGJ y publicó un comunicado de prensa en donde da cuenta del mismo tema, también luego de conocer la nota de Noelia Barral Grijera.

 

"La necesidad de refugiarse en esta jurisdicción no es solo parte de la estrategia de salida de funcionarios actuales de la administración nacional, luego del resultado de las elecciones del mes de agosto, en las cuales casi el 70% de la ciudadanía expresó su voluntad de manera contundente", advierte en la nota, que también lleva la firma de la secretaria de prensa del sindicato, Ana Laura Cichilitti.

"Esta medida apunta, además, a trasladar el conocimiento de ciertas cuestiones vinculadas a la registración y control sobre sociedades off shore facilitando su uso de manera discrecional, y a la causa del Correo Argentino S.A., bajo la órbita de la Ciudad", afirmaron los judiciales.
 

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"Los judiciales le decimos no al traspaso, que viene a configurar otra embestida contra la justicia, pretendiendo digitar desde un gobierno local la vida de las empresas y con ello otorgar impunidad a los amigos de turno", advirtieron los sindicalistas.

En tanto, Gils Carbó explicó que “la Inspección General de Justicia lleva el registro de sociedades, nacionales y extranjeras, de fundaciones, y las reglamenta y fiscaliza su actuación” y que “la joya es el registro de sociedades extranjeras” y que con este nuevo organismo “intentan es favorecer la actuación en el país de sociedades offshore”. En ese sentido, subrayó que “las sociedades offshore permiten no identificar a los directivos y accionistas, o sea, ocultan a los beneficiarios de los negocios para fugar y evadir”.