Por Sara Delgado

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La gobernadora Alicia Kirchner juró por segunda vez al frente del gobierno provincial. Lo hizo junto al vicegobernador Eugenio Quiroga, en el Colegio Salesiano. Con políticas contracíclicas al modelo de la alianza Cambiemos, y pese a la caída de los indicadores de la macroeconomía, Santa Cruz es hoy una de los pocos distritos que no se endeudó en dólares. Con ese alivio, planteó una serie de ejes para los tiempos que vienen, de la mano del “modelo nacional y popular” que restauran Alberto Fernández y Cristina Fernández de Kirchner.

La radiografía del escenario político en Santa Cruz muestra que, en la región patagónica, fue la única que no aceptó la sugerencia del gobierno de Mauricio Macri para salir a buscar deuda con bonos emitidos al extranjero. No fue el caso de Neuquén, Tierra del Fuego, Río Negro ni tampoco el de Chubut, la provincia con la que comparte mayor flujo económico por la explotación petrolera en el Golfo San Jorge, que tiene casi el 90% de su pasivo en moneda norteamericana.

Santa Cruz fue la provincia más castigada por las políticas de Cambiemos que la dejaron sin obra pública nacional, a excepción de las represas sobre el Río Santa Cruz, que estuvieron paralizadas dos años pese a que el financiamiento es de la República Popular China.

Esa debacle comenzó con la caída de Austral Construcciones, la empresa de Lázaro Báez detenido por presunto lavado de dinero, en un esquema de ‘corrupción k’ que incluyó grandes despliegues en búsqueda de dinero robado al Estado y allanamientos con el fiscal Guillermo Marijuan buscando bóvedas debajo de la tierra.

 

Las cuentas de Santa Cruz 

Casi 2.000 obreros de la construcción quedaron en la calle y el gobierno provincial subsidió a una buena parte; más tarde, reunió a las operadoras mineras y las comprometió a la firma de un fideicomiso, ‘Unirse’, con el que financió obra pública y cubrió el servicio de seguridad, salud y educación. A todo eso, Kirchner lo llamó el ‘Acuerdo Social santacruceño’.

La provincia fue la primera en llevar a la Corte Suprema la eliminación del Fondo Federal Solidario, por el cual ya se perdieron casi 900 millones de pesos, y otros decretos de necesidad y urgencia que Macri usó como mecanismo para sortear la Congreso y, por ejemplo, tirar sobre el lomo de las provincias el costo de algunas medidas como el congelamiento de los combustibles a partir del precio diferencial del barril de crudo, por el cual cayeron las regalías por otros 400 millones de pesos por mes.

Como última diatriba contra el poder central, Santa Cruz le envió la semana pasada una carta documento al presidente de la República para reclamarle el cumplimiento del consenso fiscal por el cual resignó unos 900 millones de pesos, caso contrario, denunciará el acuerdo. Sin embargo, en la reunión que tuvo este martes la gobernadora con el presidente electo, el asunto podría resolverse de forma extrajudicial.

Con el nuevo gobierno nacional, las demandas contra el Estado están en el área de Carlos ‘El Chino’ Zannini, un hombre de sintonía fina con Kirchnher, el Procurador del Tesoro.

El rechazo del gobierno cuyo presidente sólo pisó una vez la provincia llegó a punto tal de haber puesto a Santa Cruz como la única en rojo para el Presupuesto 2019. Mientras todas recuperaron alrededor del 30% (por debajo de la inflación) a Santa Cruz le asignaron fondos en -19% en comparación con el año anterior.