El Ministerio Público de la Acusación de Santa Fe informó este lunes que se realizaron nuevos allanamientos en relación a la causa Vicentin, que derivaron en el secuestro de diversos material de interés para la investigación. Los "procedimientos resultan absolutamente injustificados, extemporáneos y arbitrarios", afirmó la empresa cerealera. 

Los procedimientos fueron realizados por personal de la Unidad de Delitos Económicos y Complejos de Fiscalía, del organismo de investigación del Ministerio Público de la Acusación (MPA) e integrantes de la Agencia de Investigación Criminal (AIC).

Los allanamientos se llevaron a cabo en 11 direcciones de la localidad de Avellaneda, dos de Reconquista y la restante en San Lorenzo, provincia de Santa Fe.

"En todos los casos se dispuso el secuestro de material de interés para la investigación", informó el Ministerio Público de Acusación en un comunicado.

Se secuestraron, entre otros elementos, "dispositivos de almacenamientos electrónicos, celulares", al tiempo que se llevó a cabo "un relevamiento de los vehículos hallados".

Si bien no se libraron órdenes de detención, se procedió "a la identificación de todas las personas que se encontraban en los inmuebles", indicó el Ministerio Público de la Acusación provincial.

Los allanamientos -a cargo de la Unidad de Delitos Económicos de la Fiscalía de Rosario-se llevaron a cabo en los domicilios particulares de directivos y accionistas de le empresa y en sedes administrativas ubicadas en las localidades de Avellaneda, Reconquista y Ricardone.

Quiénes son los denunciantes y los directivos investigados

Los operativos comenzaron minutos antes de las 7 de la mañana y entre los apellidos que figuraban en la investigación por Estafa, Presentación de balances falsos y Desbaratamiento de derechos acordados se encontraban Vicentin, Boschi y Colombo, según indicó el sitio airesdesantafe.com.

El fiscal Miguel Moreno de Rosario recibió a mediados de este año denuncias para que se pueda investigar a los hombres más fuertes de la empresa porque los demandantes consideran que hay elementos suficientes para investigar una asociación ilícita dedicada a estafar a proveedores y bancos. 

Siempre de acuerdo al mismo medio, los denunciantes son Cuatro Hojas S.A.; Olzen Intrustria y comercio de Calzados S.A; Banco Macro; La Clementina S.A; Grassi SA, Maniagro SA y los bancos internacionales que querellan en conjunto: IFC International Finance Corporation (Washington, EU); FMO Nederlandse Financierings-Maatschappij voor Ontwikkelingslanden NV (La Haya, Holanda); ING Bank (Amsterdam, Países Bajos); Natixis New York Branch (Nueva York, EU); Coöperatieve Rabobank U.A. (Utrecht, Países Bajos).

Vicentin rechazó los allanamientos

La empresa, por su parte, calificó a los procedimientos de "absolutamente injustificados, extemporáneos y arbitrarios, siendo que la compañía y todos sus directivos han permanecido siempre a derecho y han suministrado de forma voluntaria toda la información que les ha sido requerida en el marco de las investigaciones en curso".

En un comunicado, la conducción de la firma agroexportadora dijo que "nada justifica este accionar que en varios de los domicilios donde residen los citados directivos con sus familias, provocaron situaciones de violencia absolutamente reprochables e innecesarias".

"La compañía, sus accionistas y sus directivos ratifican su absoluta predisposición para responder los requerimientos de la justicia, de la misma manera nos reservamos el derecho de agotar todos los recursos legales disponibles ante una medida que consideramos desmedida e innecesaria", agregó Vicentin.

La situación de la empresa cerealera

El juez Fabián Lorenzini dictaminó la intervención de Vicentin por 90 días el pasdo 3 de diciembre con Andrés Shocron al frente, uno de los veedores que había propuesto el comité de acreedores.

La orden judicial no desplazó al actual directorio sino que se nombró a un "co-administrador" en carácter de "interventor judicial" con poder de veto sobre las decisiones del directorio natural.

Vicentin, además, no podrá modificar su capital accionario. El juez decidió “adoptar como medida de no innovar la prohibición de modificar la composición y tenencia del capital accionario de la concursada al momento de la última asamblea ordinaria. A los fines de su concreción, se deberá constituir el actuario en el  domicilio de la concursada”.