Amerio defendió la reforma penal y dijo que el Gobierno "protege a las víctimas"

El funcionario sostuvo que el nuevo Código Penal busca terminar con años de políticas que favorecían a delincuentes.

El viceministro de Justicia, Sebastián Amerio, respaldó con firmeza el proyecto de Reforma Integral del Código Penal impulsado por el Poder Ejecutivo y aseguró que la iniciativa apunta a "terminar con años de gobiernos que defendían a los delincuentes". Según remarcó, la actual gestión busca instalar una doctrina en la que las víctimas sean prioridad.

"Nosotros defendemos a las víctimas", afirmó Amerio al destacar que el envío del proyecto al Congreso constituye "un paso muy importante" dentro del plan de cambios legales que el Gobierno pretende debatir durante las sesiones extraordinarias.

El funcionario se sumó así a las declaraciones del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, y de la ministra de Seguridad saliente, Patricia Bullrich, quienes ratificaron que el proyecto llegará al Parlamento en los próximos días. Ambos remarcaron que la reforma forma parte del paquete de reformas de segundo orden que el Ejecutivo considera centrales para restablecer el orden público.

Durante una conferencia en la Casa Rosada, Adorni subrayó "el enorme aporte" de Bullrich en esa área y recordó que, al momento de asumir, "la Argentina estaba sumida en un verdadero baño de sangre, los piqueteros eran dueños de la calle y ciudades como Rosario eran zonas liberadas para narcoterroristas".

El texto enviado establece un endurecimiento de penas para delitos de alta gravedad, entre ellos homicidios, robos agravados, narcotráfico, pornografía infantil y trata de personas. Una de las modificaciones más relevantes es la eliminación de la prescripción en casos de abuso sexual y homicidio agravado, una medida que el Ejecutivo considera clave para evitar la impunidad en delitos especialmente sensibles.

Amerio sostuvo que el objetivo final es construir un sistema penal "oderno, firme y centrado en la protección ciudadana", y reiteró que la reforma busca garantizar que la Justicia llegue a tiempo, sin márgenes para la puerta giratoria ni beneficios indebidos.

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