La organización Amnistía Internacional envió hoy una carta al presidente Alberto Fernández para solicitar que la actual vacante en la Corte Suprema de Justicia de la Nación sea cubierta por una jueza, de forma tal de "preservar la representación de las mujeres" en el máximo tribunal.

Ante la renuncia de la magistrada Elena Highton de Nolasco, Amnistía y otras organizaciones indicaron que "hoy las mujeres no están representadas en lo absoluto en la cúpula del Poder Judicial, conformado por cuatro miembros hombres desde el 1 de noviembre".

Por ese motivo, señalaron que "es necesario e imperativo que antes del vencimiento del plazo legal de 30 días se postule a una mujer para ocupar dicho cargo, de forma tal de preservar la representación de las mujeres en el máximo tribunal y para superar la subrepresentación de mujeres en los cargos de mayor jerarquía del Poder Judicial de la Nación".

En la misiva dirigida al mandatario, Amnistía y las otras organizaciones recordaron los "compromisos internacionales asumidos por el Estado argentino en materia de derechos humanos, en consonancia con los estándares recogidos a nivel nacional por el Decreto Nacional 222/2003 para la conformación del máximo tribunal de justicia del país".

También remarcaron que la postulación "debe adecuarse a los estándares de representatividad federal y a los requisitos de integridad moral e idoneidad técnica que el cargo demanda".

"El fortalecimiento institucional del Poder Judicial es fundamental para el respeto del Estado de derecho y los derechos humanos. En América Latina aún falta mucho para alcanzar la paridad de género en la Justicia", sostuvo Mariela Belski, directora ejecutiva de Amnistía Internacional Argentina, a través de un comunicado.

Belski planteó que "la participación igualitaria de las mujeres en las esferas de decisión es especialmente importante para la legitimidad e impacto de las decisiones de la Corte Suprema".

Firmaron la misiva junto a Amnistía las organizaciones Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ), el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL), el Equipo Latinoamericano de Justicia y Género (ELA), la Fundación para Estudio e Investigación de la Mujer (FEIM) y la organización Gqual.