Los derechos humanos son inherentes e indivisibles. Todos tienen la misma prioridad. Los derechos económicos, sociales y culturales -mal llamados por la Justicia derechos de "segunda generación"- son tan importantes como los derechos civiles y políticos llamados de "primera generación". Sin un piso mínimo de bienestar económico no puede hablarse de autonomía política. En la pobreza extrema -que aqueja a un tercio de los argentinos- no existen derechos civiles ni políticos. Atacar la pobreza debiera ser una prioridad política en materia de derechos humanos, ya que la pobreza genera la mayor parte de las violaciones de derechos en materia de género e infancia y está en la raíz de casi todos los fenómenos que criminaliza el Estado. Las cárceles están llenas de jóvenes pobres.

Pero existen otras amenazas a la promoción de los derechos humanos esenciales, muchas de ellas alimentadas por el propio Gobierno. En una democracia las personas no se deportan porque es violatorio del derecho internacional humanitario, en Argentina y en cualquier país del mundo. El retroceso en materia de salud mental también recorta derechos esenciales.

La figura de traición a la patria, que se emplea para criminalizar decisiones de un gobierno constitucional, refrendadas por un parlamento, también afecta los derechos humanos, porque aquella figura demanda la creación de un enemigo interno y un Estado de guerra, dos supuestos que no operan en la Argentina. A pesar de esto, la Justicia avanza, apelando a esta vaga figura, sobre opositores políticos, encarcelándolos preventivamente, lo cual medra contra nuestra Constitución, que toma a la prisión preventiva como una excepción y no como una regla.

Procesar opositores bajo la figura beligerante de traición a la patria (que demanda un Estado de guerra) y deportar personas (miembros de ONGs), por "peligrosas" para la seguridad interior, son dos caras de un mismo proceso: se presenta un estado de guerra (en el sur, por ejemplo) y por eso se refuerza la seguridad interna: la soberanía, el control de fronteras y el dominio sobre territorios (represión y asesinato de mapuches). No se tratan (las deportaciones, las acusaciones bajo figuras flagrantes como traición a la patria, o el homicidio de mapuches presentados -como en toda guerra interna- como "enfrentamientos", que luego demuestran no haber sido tales) de fenómenos aislados. No son meros accidentes. Expresan una política que violenta y mancilla derechos. La misma que lleva a las autoridades a replicar sin cuestionar la versión que brindan las fuerzas de seguridad. Las autoridades argentinas hablaron de un "enfrentamiento" entre mapuches y Prefectura en el sur, que demostró ser falso. Nahuel murió de un disparo por la espalda, realizado por fuerzas dependientes del Ministerio de Seguridad. Algo muy alejado de las palabras bonitas que contiene el plan nacional en derechos humanos, que habla de "respeto" a las comunidades originarias.

* Abogado y Docente-UBA