A partir de la resolución 56-E/2018 del Ministerio de Medio Ambiente publicada ayer en el Boletín Oficial, la provincia de Salta tuvo que dar marcha atrás con la deforestación que había sido autorizada a varias empresas una de las cuales pertenece a Alejandro Jaime Braun Peña, primo del jefe de Gabinete de la Nación, Marcos Peña que en los últimos días intercambió cartas documento con la organización Greenpeace sobre la ilegalidad o no de la misma. El gobernador Juan Manuel Urtubey criticó la medida y dijo que acudirá a la Justicia para que resuelva la situación.

La normativa ordenó suspender las talas autorizadas por los decretos provinciales 2211/10 y 3136/10 dado que resultan incompatibles con las disposiciones de la Ley 26.331. En esa línea llamó a "restaurar los ambientes de Bosques Nativos desmontados" que desde el 2009 a la fecha son un total de 78.153 hectáreas.

"Lo hecho tiene que ver con hacer cumplir los presupuestos mínimos de la ley de ordenamiento territorial de los bosques nativos que es una competencia de este Ministerio", señaló el ministro Sergio Bergman a BAE Negocios.

Esto quiere decir que el si bien el Ejecutivo respeta las autonomías provinciales, éstas no pueden estar por encima de los presupuestos mínimos ambientales.

Según la resolución, la provincia cambió los mapas de ordenamiento de sus bosques nativos y entregó luego permisos de desmontes. Y si bien la Justicia la intimó, Salta restituyó el ordenamiento territorial previo a la modificación, pero no canceló los permisos que otorgó.

"Lo que le falta a la provincia es cancelar los permisos que dio a las 32 fincas. Por lo tanto, lo que hemos pedido en la resolución es que intervenga para detener las acciones de desmonte y cancelar las licencias dadas durante la modificación del ordenamiento", afirmó Bergman.

El problema con Salta no es de ahora sino que es algo que se arrastra desde la anterior gestión (cuando era Secretaría) que también había advertido que no se aceptaba la modificación.

Desde el Ministerio de Producción, Trabajo y Desarrollo Sustentable de Salta, la ministra Paula Bibini, manifestó a este diario "que la resolución es incompatible dado que insta a la provincia a suspender una categorización que fue autorizada por una ley provincial".

"Ante esto hemos dictado una resolución entendiendo de que la Nación carece de facultades para analizar la validez de los actos administrativos dictados por una autoridad provincial", destacó la funcionaria.

Hoy Salta evalúa las medidas

La ministra además adelantó que en el día de hoy evaluarán con el gobernador si irán o no a la Justicia dado que no se respetó el artículo 109 de la Constitución que sostiene que "en ningún caso el presidente de la Nación puede ejercer funciones judiciales, arrogarse el conocimiento de causas pendientes o restablecer las fenecidas".

"Es una medida insólita porque declara inconstitucional un decreto provincial una resolución del ministro de Ambiente. Desde que soy abogado entiendo que eso lo tiene que hacer los jueces, pero bueno,en el Gobierno Nacional a veces pasan cosas raras", dijo el gobernador Urtubey en declaraciones a la prensa.

La decisión del Ejecutivo llegó a partir de "denuncias recibidas de diversos actores sociales". Una de ellas tiene que ver Greenpeace que a través de videos por diversos medios alertó sobre la situación y criticó que uno de los beneficiados de dichas licencias es Alejandro Jaime Braun Peña, quien mediante una carta documento exhortó a la agrupación "a que en el plazo único y perentorio de 48 horas retiren las denuncias, "bajo apercibimiento de promover de inmediato las acciones judiciales". Además hay licencias que pertenecen a Alejandro Roggio, Andrés von Buch, entre otros.

El coordinador de Bosques de Greenpeace, Hernán Giardini, remarcó a este cronista que "van a seguir denunciando" y celebró "que el Ministerio de Ambiente haya intervenido para frenar el desmonte dado que viola la ley".

Al respecto, Bergman aclaró que "hay un 100% de apoyo y mandato de la Jefatura de Gabinete de que nadie absolutamente ya sea por lo personal, partidario o jurisdiccional este por fuera o encima de la ley. Esto demuestra que acá hay una política de Estado ambiental, es decir no se puede hacer lo que la ley no permite".

En definitiva el freno a las topadoras garantiza los derechos de las comunidades de pueblos originarios que habitan en los mismos. Un tema que Ambiente se comprometió a "fiscalizar" de forma que se cumplan con la resolución.