Las medidas judiciales ordenadas por el juez federal Claudio Bonadio se vuelven cada vez día más incisivas y siguen cobrando víctimas en torno a la senadora Cristina Kirchner, y es que ayer, en el marco de la causa conocida como "los Cuadernos de Centeno" y en la que se investiga el presunto pago de sobornos en la obra pública durante el kirchnerismo, el magistrado ordenó la detención en Santa Cruz de dos ex secretarios de la ex presidenta y le tomó declaración indagatoria al diputado camporista Eduardo "Wado" de Pedro y a uno de los ex jefes de ese espacio a nivel provincial, el legislador bonaerense José Ottavis.

En tanto que hoy, hará otro tanto con el también diputado nacional Andrés "Cuervo" Larroque, y el viernes será el turno del empresario Sergio Szpolski.

Los dos ex empleados de Cristina, Julio Álvarez y Víctor Fabián Gutiérrez -ambos mencionados por el ex secretario de Obras Públicas José López en su última declaración como imputado colaborador del caso-, quedaron detenidos e incomunicados en la sede de la Policía Federal de la capital santacruceña, a la espera de ser trasladados a los tribunales federales de Comodoro Py donde se les tomará declaración indagatoria.

Ottavis renunció a sus fueros de diputado bonaerense para declarar ante el juez Bonadio

En la causa, Bonadio también dispuso las detenciones de Raúl Copetti, señalado como el recaudador del matrimonio Kirchner, y las de Roberto Sosa y Ricardo Barreiro, apodado "el jardinero".

Mediante un escrito, Ottavis dijo desconocer el origen de los fondos que recibió para financiar su campaña electoral en 2013 y que el dinero le fue entregado por el fallecido Juan Carlos "Chueco" Mazzón, entonces recaudador del kirchnerismo.

La indagatoria del mediático diputado bonaerense tuvo su origen en la documentación encontrada en la casa de Martín Larraburu, entonces secretario del jefe de Gabinete Juan Manuel Abal Medina, respecto a la distribución de fondos a dirigentes del FpV.

"Por mi rol partidario recibí fondos y rendí los gastos de campaña", expresó Ottavis y explicó que en ese momento se desempeñaba como consejero nacional del PJ y se le habían asignado tareas de campaña.

A su turno y también mediante un escrito, "Wado" De Pedro sostuvo que no hay "un solo elemento probatorio que indique algún grado de participación en los sucesos investigados", agregó que en "el expediente, López nunca manifestó" haberle "entregado dinero" tras lo cual reclamó su sobreseimiento.

El juez también hizo lugar a las apelaciones presentadas por la mayoría de los 42 procesados, por lo que ahora será la Cámara Federal la que deberá resolver su situación, entre ellos la de los 17 detenidos y la de Cristina; por lo que en caso de que confirme su procesamiento, se podría volver a activar el pedido de desafuero en el Senado.

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