El juez federal Claudio Bonadio procesó con prisión preventiva a la ex presidenta Cristina Kirchner por considerarla "jefa" de una asociación ilícita en la causa por supuestos pagos de coimas de empresarios a ex funcionarios por la obra pública durante su mandato. La resolución judicial coloca a la actual senadora en la cúspide del entramado de la cadena de cohecho que, según Bonadío, comenzó cuando era presidente Néstor Kirchner y continuó con la sucesión de su esposa. Para que se haga efectiva la prisión, el magistrado debe pedir el desafuero de Cristina, una medida que parece complejo que se concrete a la brevedad por la postura que está adoptando el peronismo de esperar a que avance la causa judicial.

Junto con la ex mandataria fueron procesados una quincena de ex funcionarios y de empresarios, con prisión preventiva, otro tanto fueron beneficiados con eximición de prisión y otro grupo fue procesado pero sin prisión preventiva. ( ver aparte)

Fuentes judiciales informaron a NA que, además, el magistrado volvió a pedir el desafuero de Cristina Kirchner al Senado de la Nación y procesó también al ex ministro de Planificación Federal Julio De Vido; a su entonces segundo Roberto Baratta, y quienes fueron imputados como organizadores de la asociación ilícita y permanecen con prisión preventiva. Entre los procesados se encuentran los arrepentidos José López, ex secretario de Obras Públicas quien está detenido por otra causa, y Claudio Uberti, ex titular del (OCCOVI), el órgano de Control de Concesiones Viales. Y entre los empresarios se encuentran Angelo Calcaterra de IECSA, primo del presidente de la Nación, Mauricio Macri; Aldo Roggio, del Grupo Roggio; Carlos Wagner, ex titular de la Cámara Argentina de la Construcción; Luis Betnaza de Techint; Gerardo Ferreyra de Electroingenieria; Enrique Pescarmona líder de la industria que lleva su apellido; y Néstor Otero de TEBA.

Todos ellos sí reconocieron haber hecho pagos ilegales ya sea para acceder a obra pública o como aportes para la campaña electoral del kirchnerismo, pero fueron sus jefes de sus respectivas empresas quienes aclararon que lo hicieron por cuenta y orden de ellos.

En su momento, el juez Bonadio había ordenado "70 allanamientos" y secuestrado unos 6 millones de pesos y poco más de un millón de dólares. Bonadio tomó indagatoria a 52 personas y dispuso 26 detenciones, de las cuales liberó a un total de 11: además, 17 imputados declararon en calidad de "arrepentidos" y se resolvieron "15 acuerdos de homologación en forma positiva". El magistrado afirmó en su último escrito que "los fondos recaudados" por las presuntas coimas llegaban finalmente "a manos de los verdaderos beneficiarios de la maniobra ilícita: Néstor Kirchner, Cristina Fernández y Julio De Vido. .