A tan solo 72 horas de conocidas las declaraciones de la diputada Elisa Carrió anunciando que impulsará los “juicios de revisión” en aquellos casos de represores “muy mal juzgados” por falta de pruebas, la Cámara Federal de Casación Penal resolvió ayer anular la sentencia del Tribunal Oral Federal (TOF) de Jujuy que en el año 2015 condenó a 12 años de prisión a un oficial del Ejército en el marco de la causa en la que se investigaron casos de secuestros y torturas contra 90 personas entre las que se encontraban militantes políticos y dirigentes sindicales, en lo que se conoció como “Operativo Aire 718”.

En julio de 2015, el TOF de Jujuy consideró acreditada la culpabilidad de Horacio Domingo Marengo y de otros 10 represores imputados por los delitos de privación ilegítima de la libertad e imposición de tormentos contra las 90 victimas, las que con posterioridad iban a ser trasladadas en 1977 en sendos vuelos hacía la provincia de Buenos Aires, donde serían alojadas en diversas cárceles.

Sin embargo ayer, la sala III del tribunal de Casación integrado por los doctores Juan Carlos Gemignani, Eduardo Rafael Riggi y Carlos Alberto Mahiques, resolvió absolver a Marengo, quien se encontraba detenido en el penal de Monte Cristo, provincia de Córdoba, por “la totalidad de los hechos por los que resultara condenado”.

Pero además, los camaristas decidieron revisar las sentencias impuestas a los ex integrantes del Servicio Penitenciario Federal (SPF) condenados por haber tomado parte del operativo de traslado aéreo de las victimas, las que durante ese trayecto permanecieron con los ojos vendados.

Una vez conocida la resolución de Casación, María José Castillo, abogada querellante en representación de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, advirtió que la totalidad de los querellantes acudirán a la Corte Suprema a los fines de obtener un recurso extraordinario.

La medida judicial se produce en medio de una avanzada política del Gobierno de Cambiemos contra las causas por crímenes cometidos en el marco del terrorismo de Estado.

Una vez notificada de la resolución, Castillo afirmó que “la decisión forma parte de los fallos de esta época, en la que se retrocede en todas las jurisprudencias en relación a los juicios por delitos de lesa humanidad por los que la Argentina fue un ejemplo”.