A tan solo un día de la marcha encabezada por Hugo Moyano en la avenida 9 de Julio, Cambiemos presentó un proyecto de ley para equiparar a los sindicalistas con los funcionarios a la hora de juzgar delitos de corrupción.

El texto, que fue presentado el radical Luis Petri, quien fue nombrado vicepresidente segundo de la Cámara de Diputados en diciembre pasado y mantiene estrecho diálogo con los funcionarios del Gabinete. También lleva las firmas de Graciela Ocaña -enfrentada con Moyano- Jorge Enríquez, Aída Ayala, Pablo Torello y Facundo Suárez Lastra, entre otros.

El texto plantea que los sindicalistas puedan sancionados por los delitos de cohecho y enriquecimiento ilícito, al igual que los funcionarios públicos. Además, la propuesta prevé aumentar las penas de prisión y las multas para estos ilícitos, con la intención de que esta modificación se incluya en el proyecto de reforma integral del Código Penal, que el Ejecutivo tiene previsto enviar al Congreso este mismo año.

Para el delito de cohecho, la iniciativa establece tres a diez años de prisión -actualmente va de uno a seis años- e incorpora a "quienes dirijan o administren asociaciones sindicales con personería gremial u obras sociales de la Ley 23.660 que por sí o por persona interpuesta, recibiere dinero o cualquier otra dádiva o aceptare una promesa directa o indirecta, para hacer, retardar o dejar de hacer algo relativo a sus funciones".

En cuanto al enriquecimiento ilícito, las penas de prisión de dos a seis años pasan a cuatro a 10 años y una multa del 50 por ciento al 50 por ciento del valor del enriquecimiento.

Por otra parte, se pretende modificar de Asociaciones Sindicales con el fin de que quien pretenda integrar los órganos directivos de los gremios deberá presentar "una declaración jurada patrimonial integral dentro de los 30 días hábiles desde la asunción", y otra actualizada a la hora de dejar el cargo.

El legislador mendocino señaló que los sindicalistas, por su función de administrar las obras sociales, "se desempeñan como verdaderos entes de derecho público".

"Es oportunismo en el buen sentido de la palabra, el tema está en debate en la sociedad y es un buen momento para plantear la discusión", señalaron fuentes legislativas de Cambiemos respecto a la presentación del texto a tan pocas horas del acto encabezado por Moyano. Del mismo modo, indicaron que se trata de una respuesta "política-institucional" a la avanzada del sindicalista en torno a las críticas a la gestión de Mauricio Macri, aunque aclararon que Petri "viene trabajando en el texto desde hace tiempo y que va en la misma con el proyecto que presentó la radical Soledad Carrizo a principios de enero, en el que propone limitar los mandatos de las cúpulas gremiales.

"El proyecto es razonable, no apunta a disminuir a los sindicalistas en su ejercicio, sino a poner más controles sobre su gestión, así que confiamos en que lograremos el consenso necesario para avanzar", analizaron algunos legisladores que responden a la Casa Rosada.

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Mariana Rovira

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