En su primera sesión ordinaria del año, la Cámara de Diputados se disponía a aprobar anoche tres proyectos sobre modernización del Estado, que el Poder Ejecutivo había incluido en un megadecreto que divulgó durante el verano.

Una de las iniciativas, emergidas del DNU, cuyo dictamen se firmó el pasado martes, es el relativo a la simplificación y desburocratización del desarrollo productivo, en el cual Cambiemos accedió a eliminar finalmente el artículo 114 del proyecto, que habilitaba la posibilidad de embargar las cuentas sueldo con una finalidad crediticia, cuando hubiera un excedente superior a tres salarios mínimos.

Además, se trataba el Régimen de simplificación y desburocratización para el Desarrollo de la Infraestructura, como así también el tercero de los proyectos en los que se dividió el "megadecreto", que es el que habilita al Fondo de Garantía de Sustentabilidad a operar como actor financiero, uno de los temas más criticados por la oposición.

Al iniciar la sesión, el presidente del bloque del FpV, Agustín Rossi, pidió cambiar el orden del temario para debatir en primer lugar el mega DNU dictado el 11 de enero pasado, al considerar que "es un mamarracho".

"Hay posibilidad de ordenarnos parcialmente, derogando ese DNU, para después plantear el tratamiento de las leyes", pero "nos proponen un tratamiento de atrás para adelante", se quejó el santafesino.

El planteo fue avalado por la jefa del Frente Renovador, Graciela Camaño. Cambiemos, como se preveía, logró el apoyo del bloque Argentina Federal, espacio que presionó para que se efectuaran cambios en las leyes que reemplazaron al DNU.

"Era grave pretender que los contratos referidos al FGS quedaran excluidos del régimen de contrataciones del Estado. El oficialismo buscaba otorgar una delegación a la Anses para crear fideicomisos a su criterio", afirmaron desde Argentina Federal.

"Pudimos detener la flexibilización de una normativa esencial que protege que ningún organismo pueda efectuar ventas masivas sin todos los controles y la debida intervención del Congreso", remarcaron desde el espacio peronista con buen dialogo con la Casa Rosada.

Con respecto a la embargabilidad de cuentas sueldo, los diputados nacionales advirtieron que "se estaba poniendo a los trabajadores en condiciones de desventajas ante las Entidades financieras". "Para lograr una verdadera inclusión financiera tendríamos que solicitarle a las entidades financieras que adecuen sus requisitos para poder ser sujetos de créditos y no generar medidas en detrimento de quienes se encuentran en situación de vulnerabilidad", consideraron.

En la misma sesión y por amplia mayoría -211 votos a favor y dos abstenciones-, la Cámara baja convirtió en ley un proyecto consensuado que modifica el artículo 128 del Código Penal y sanciona con penas de entre tres y seis años la simple tenencia de material pornográfico infantil.

"No tenemos que tener temor y hay que decirlo con todas letras: el que tiene pornografía infantil es un pedófilo. Es un paso previo para la materialización del abuso sexual infantil", denunció la presidenta de la Comisión de Legislación Penal, Gabriela Burgos (UCR), quien advirtió que "hay un negocio con ganancias de 250 millones de pesos anuales" en torno al material pornográfico de menores.