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Carrió justificó el procesamiento de Silvia Majdalani

La ex diputada Elisa Carrió (Coalición Cívica) dijo estar "de acuerdo" con el procesamiento de Silvia Majdalani por presunto espionaje ilegal y aseguró que durante el gobierno de Mauricio Macri intentó denunciar en el Congreso las "persecuciones que había en marcha" desde la Agencia Federal de Inteligencia (AFI), en cuya cúpula se desempeñaba esa funcionaria.

En una entrevista publicada ayer en el diario La Nación, Carrió consideró, sin embargo, "legales" las escuchas realizadas en el penal de Ezeiza durante la gestión de Cambiemos.

"La verdad es que las escuchas fueron a la cárcel, así que son legales. Fueron en el marco de una causa judicial que tenía que ver con un narcotraficante; las escuchas fueron declaradas legales por el juez Villena y después se las remitió a Bonadio", respondió cuando le preguntaron si consideraba que se habían realizado escuchas ilegales durante la gestión de Majadalani como número dos de la AFI.

Sin embargo, ante otra consulta sobre la presunción de que el ex presidente Mauricio Macri estaba detrás de las escuchas ilegales, Carrió respondió: "No, yo no creo que esto sea de Macri. Es cierto que siempre la tuvo a Majdalani, y yo siempre me opuse y siempre se lo discutí, y le dije que le iba a traer consecuencias. Ella era íntima amiga de Larcher, porque son compadres, viven en el mismo country".

Se refirió así al ex número dos de la ex SIDE Francisco "Paco" Larcher y aseguró que toda su vida impugnó a la AFI.

La dirigente de la Coalición Cívica, también se refirió al "banderazo" al sostener que en "el 17 de agosto, que es el aniversario de la muerte de quien nos dio la libertad, debemos pensar en la defensa de la Constitución, la verdad, la justicia, que es lo único que nos puede asegurar convivir entre nosotros".

En cuanto al rechazo de la oposición a la reforma judicial que impulsa el Gobierno, aseguró que "no es una cuestión contra (la vicepresidenta) Cristina" Fernández de Kirchner sino que "es la Constitución lo que une" a los detractores de esa propuesta.

"Esto es una entrega y una concentración de los poderes públicos. Y el decreto que dictó Alberto Fernández es un estado de sitio de hecho, que, de prorrogarse en toda la Nación, con penas privativas de la libertad a las que está vedado el Poder Ejecutivo, sería entrar en una faz represiva, y eso es fascista. Pero no van a ganar", advirtió.

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