La líder de la Coalición cívica, Elisa Carrió, no podrá ampararse en sus fueros como diputada ante una demanda civil que le inició, por daños y perjuicios, el administrador general de la Corte Suprema, Héctor Daniel Marchi, determinó un tribunal. 

Carrió había interpuesto una "inmunidad parlamentaria" que fue rechazada por la Sala B de la Cámara Comercial, en una decisión en la que incluyó al secretario de Fortalecimiento Institucional de la Jefatura de Gabinete, Fernando Sánchez, que compartió con la diputada la denuncia penal contra Marchi.

Ahora, la diputada y el funcionario serán investigados sobre si plantearon una falsa denuncia y montaron una "operación de prensa", publicó un diario económico. 

"Los demandados, al denunciar penalmente al actor imputándole la comisión de delitos exorbitaron la inmunidad de opinión parlamentaria al ocurrir ante otro poder de la Constitución pretendiendo llevar a juicio a un ciudadano", indicaron los camaristas Roberto Parrilli, Omar Díaz Solimine y Claudio Ramos Feijoó en su fallo del 11 de diciembre. 

Sostuvieron que negar la chance de que Marchi reclame un resarcimiento en el ámbito civil por los daños ocasionados "violaría el límite de igualdad ante la ley". 

Carrió y Sánchez denunciaron al juez de la Corte Suprema Ricardo Lorenzetti y a Marchi el 13 de enero de 2016 por enriquecimiento ilícito ante el juez Sergio Torres. La denuncia fue luego archivada por "inexistencia de delito".

Marchi adujo que al momento de plantear la denuncia penal, afectaron su buen nombre y honor a sabiendas de que la AFIP había declarado la "inexistencia de interés fiscal en el caso". 

El funcionario los demandó civilmente un año después, pero Carrió, pese a que sostuvo públicamente que no se ampararía en sus fueros, se defendió argumentando que sus dichos estaban amparados en su función como legisladora.

Por su parte, la Sala B sostuvo que la imputación de un delito es considerable no alcanzable por la inmunidad parlamentario establecida en el artículo 68 de la Constitución Nacional "ya que la denuncia penal no es equiparable a una opinión o discurso". 

Además de calificarlo de "testaferro" de Lorenzetti, Carrió fue mucho más allá sobre imputaciones en el ámbito privado de Marchi, a quien señaló históricamente por manejar los cuantiosos fondos de la Corte. 

A la demanda, agregó elementos bajo secreto fiscal de la AFIP que habría recibido mediante un "anónimo", algo que constituía un delito en sí mismo. 

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