La comisión que investiga la promoción de una criptomoneda por parte del presidente Javier Milei citó para este martes a las 16 a la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y al ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, como parte de la investigación que lleva adelante el Congreso de la Nación.

Además de los funcionarios, la comisión presidida por Maximiliano Ferraro citó a los empresarios y promotores de la criptomoneda, Mauricio Novelli y Manuel Terrones Godoy, y al ex asesor de la Comisión Nacional de Valores, Sergio Morales, quien renunció a su puesto luego de conocerse el escándalo.

La investigación sobre la estafa, calculada en USD 4.500 millones, se reactivó, después de que el propio Milei disolviera la comisión a través del decreto 332/2025. La jueza del caso, María Servini de Cubría, le pidió al Banco Central que levante el secreto bancario sobre las cuentas del jefe de Estado y de su hermana que, según los registros de la Casa Rosada, recibió personalmente a los empresarios vinculados a $Libra.

La diputada de Unión por la Patria Sabrina Selva es una de las integrantes de la comisión y consideró que el testimonio de Karina “es fundamental” para explicar la participación de Milei en la promoción de una criptomoneda falsa en sus redes sociales. En el caso de que Karina o Cúneo Libarona no se presenten voluntariamente en la comisión, podrían ser llevados “por la fuerza pública” hasta el Congreso.

Ferraro afirmó que se le ofreció a Cúneo Libarona una reunión reservada, para que pueda hablar sin limitaciones sobre el caso que lo involucra. Según contó el diputado en sus redes sociales, no obtuvo respuesta. 

“Hace una semana, el vocero presidencial aseguró que el Gobierno prestaría toda la colaboración al Congreso para demostrar que son honestos y que todos los funcionarios iban a contestar y responder las requisitorias que se les hicieran. Sin embargo, la realidad muestra lo contrario”, aclaró Ferraro, y sostuvo que en casi un mes de investigación "no colaboraron de ninguna manera".

“El Gobierno debe entender que esto no es un juego ni un show, es una investigación seria y hay deberes constitucionales y legales que deben cumplirse. Si los funcionarios insisten en incumplirlos, deberán atenerse a las consecuencias de sus actos”, advirtió.