El procurador general de la Nación, Eduardo Casal, dictaminó este jueves que el DNU de Alberto Fernández que suspendió las clases presenciales en el AMBA es inconstitucional.

De este modo, la Corte Suprema quedó en condiciones de resolver el amparo presentado por el gobierno porteño hace dos semanas para anular la validez del decreto presidencial en este punto.

Los fundamentos del dictamen de Casal

Casal, procurador interino desde 2017, señaló que, aunque el Gobierno nacional puede tomar medidas en lo referido a cuestiones sanitarias a nivel nacional incluso si estas afectan a la educación, le corresponde primero al Congreso legislar en materia educativa. El Poder Ejecutivo solo puede hacerlo por decreto, sostuvo el procurador, por una cuestión de "necesidad y urgencia".

Sin embargo, el funcionario judicial consideró que las razones expuestas por el Gobierno nacional "no alcanzan para fundar un estado de necesidad que permita legitimar la suspensión de la concurrencia a los establecimientos educativos en todos sus niveles"

"No ha sido debidamente acreditado que el dictado de clases presenciales haya sido la causa del agravamiento de la situación sanitaria a la que aludió el decreto impugnado", consideró Casal en su dictamen.

También expresó que "las dificultades derivadas especialmente de la falta de medios tecnológicos disponibles para docentes y alumnos... constituyen un enorme obstáculo para que la enseñanza virtual reemplace en forma eficaz a la presencialidad escolar", por lo que la suspensión de la presencialidad no garantiza "el derecho a la educación consagrado por el artículo 14 de la Constitución Nacional".

Debido a ello, Casal dictaminó que el DNU publicado por Alberto Fernández el 16 de abril pasado reviste "invalidez constitucional".

La Corte Suprema ya puede resolver el amparo del Gobierno porteño

Con la presentación hecha por el procurador general, ya quedaron cumplidos todos los pasos procesales necesarios para que la Corte quede en condicones de emitir su fallo.

El lunes pasado, a última hora, el procurador del Tesoro de la Nación, Carlos Zannini,  ya le había hecho llegar al tribunal supremo los argumentos del Gobierno nacional que respaldan la suspensión de las clases presenciales.

La presentación de Casal se dio un día antes de que venza el actual DNU, que suspendió las clases entre el 19 y el 30 de abril, por lo que, si la Corte fallara este mismo viernes, ya no tendría efecto real sobre esta medida.

Sin embargo, Nación se encuentra negociando con CABA, la provincia de Buenos Aires y las demás jurisdicciones la prolongación del cierre de las clases presenciales para que bajen la curva de casos, hasta ahora estabilizada, por lo que una sentencia del máximo tribunal sentaría un antecedente al respecto

El dictamen del procurador general, de todos modos, no es vinculante, por lo que la Corte podría fallar en el mismo sentido o en el contrario. 

La pelea del Gobierno con Casal

El dictamen de Casal no estará exento de lecturas políticas para el oficialismo, que viene cuestionando la tarea del procurador desde el año pasado.

Sucede que el funcionario ejerce el cargo de manera interina desde la renuncia de Alejandra Gils Carbó en 2017, porque ni en su momento Mauricio Macri ni actualmente Alberto Fernández logaron reunir los dos tercios necesarios para reemplazarlo por un procurador permanente.

Al ser nombrado durante la gestión macrista, el Gobierno considera que Casal actúa políticamente en su contra. Sin ir más lejos, el ministro de Justicia, Martín Soria, lo cuestionó en duros términos al afirmar, durante su presentación en el Congreso del lunes pasado, que "se va a terminar yendo más temprano que tarde", “no por haber sido funcional a la mesa judicial del Gobierno anterior o porque ande por ahí protegiendo fiscales que cometen delitos o apretando fiscales mujeres en un acto de discriminacion de género" sino por ser "procurador interino".

El oficialismo logró dar media sanción en el Senado a la ley que modifica la elección del titular del Ministerio Público Fiscal para que se dé por mayoría absoluta y no por dos tercios de los votos, pero el proyecto todavía no fue tratado por la Cámara de Diputados. El candidato del Poder Ejecutivo, Daniel Rafecas, es resistido por un sector de la oposición y fue fríamente recibido también por el sector del Frente de Todos más cercano al kirchnerismo.

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