El Tribunal Oral en lo Criminal Federal 2 dispuso hoy que el próximo 26 de febrero comience el juicio oral contra la expresidenta Cristina Kirchner y otros imputados por la denominada causa "Vialidad", en la que se investiga el supuesto direccionamiento de la obra pública en Santa Cruz.

Se trata de la primera causa contra la ex mandataria que llega a la instancia de juicio oral, por las irregularidades en la adjudicación de obras públicas viales al Grupo Austral, propiedad de Lázaro Báez.

Según confirmó el Centro de Información Judicial (CIJ), los jueces del tribunal Rodrigo Giménez Uriburu, Jorge Gorini y Jorge Tassara fijaron para el 26 de febrero de 2019, a las 12:00, la audiencia de inicio del juicio oral y público.

También serán juzgados el ex ministro de Planificación Federal Julio De Vido, el ex secretario de Obras Públicas José López y el empresario Lázaro Báez, entre otros.

El juez federal Julián Ercolini había elevado la causa a juicio oral el pasado 2 de marzo y por sorteo quedó en manos del TOF 2, con el fiscal Diego Luciani.

La expresidenta está acusada de ser coautora de los delitos de asociación ilícita y administración fraudulenta, en el marco de una investigación que se originó en 2016 por una denuncia de las nuevas autoridades de la Dirección Nacional de Vialidad.

También van a juicio el ex subsecretario de Coordinación de Obra Pública Carlos Santiago Kirchner; el ex director de Vialidad Nacional Nelson Periotti; y Martín Báez, hijo del empresario patagónico detenido.

De los acusados, De Vido, está preso por irregularidades en el manejo de fondos de la mina de Río Turbio, al igual que López, que está detenido por los bolsos con casi 9 millones de dólares que en 2016 intentó esconder en un convento de General Rodríguez.

Carlos Kirchner está preso porque supuestamente obstruyó la investigación al declarar un domicilio inexistente, así como por querer sacar fondos de una cuenta embargada por la Justicia.

En tanto, Báez sigue detenido en la causa por lavado de dinero de la obra pública a través de la financiera SGI, conocida como "La Rosadita".

Según la acusación del fiscal Gerardo Pollicita, "se montó una organización criminal orientada a la sustracción de fondos públicos por medio de la asignación discrecional de prácticamente el 80 por ciento de las obras viales adjudicadas en la provincia de Santa Cruz en favor de las empresas de Báez, lo que representó la contratación del Estado por más de 46 mil millones de pesos".

Se trató de una maniobra con una "estructura coordinada de personas, con división de roles y permanencia en el tiempo por más de diez años, que le permitió a sus responsables sustraer de las arcas públicas miles de millones de pesos a través de la obra pública vial".

Los fondos públicos fueron girados a Valle Mitre, empresa de Báez, y eran "remitidos mensualmente como dinero limpio en concepto de canon locativo a los ex presidentes y a sus hijos" por el alquiler de plazas hoteleras, se indicó.

"Santa Cruz lejos de ser beneficiaria de una legítima política del gobierno federal, fue el escenario escogido para el obrar mancomunado ilegal de un grupo de funcionarios que comandados por los titulares del Poder Ejecutivo Nacional, utilizaron la propia burocracia estatal para proveer los fondos a dicha provincia, para que una vez allí, llegara a manos de Lázaro Báez", sostuvo el fiscal Pollicita, que actuó en la etapa de instrucción.

En enero pasado, Cristina Kirchner había presentado un requerimiento para que el proceso llegara cuanto antes a la instancia oral, a fin de que el caso tuviera "un esclarecimiento definitivo y público", tras señalar que las imputaciones se le endilgan "de manera sesgada, arbitraria y contraria a derecho".