Los momentos de crisis requieren de políticas legítimas y decisiones consensuadas. Al ser el Congreso de la Nación el ámbito natural de estos procesos, es necesario que en el contexto de la pandemia retome la tarea legislativa, ya sea a través de sesiones presenciales con protocolos sanitarios, o incorporando tecnología para

el trabajo legislativo virtual. Un estudio de CIPPEC sobre el reglamento del Congreso de la Nación encontró que existen tres maneras por las cuales ambas Cámaras podrían implementar modalidades virtuales para el trabajo legislativo.

En primer lugar, las autoridades de cada Cámara podrían impulsar un Proyecto de Resolución que defina los procedimientos de trabajo bajo una modalidad remota. En este camino, la necesidad de la reforma de la normativa interna podría quedar para una instancia posterior.

 El segundo camino es una reforma de los reglamentos de cada Cámara para que se explicite la posibilidad de tener sesiones y reuniones de comisión virtuales. Para esto se necesita la discusión y sanción de un proyecto de ley en modalidad presencial.

 La tercera opción sería que las autoridades de cada Cámara, al no existir una prohibición taxativa del uso de tecnologías en el trabajo legislativo, habiliten sin más una sesión virtual excepcional para comenzar a trabajar en la reforma del reglamento.

 La incorporación de tecnología al proceso legislativo es una alternativa que ya comenzó a ser explorada por varios países de la región, como lo explica este documento previo de CIPPEC que repasa el trabajo legislativo en contexto de la pandemia. Ecuador, explica el documento, modificó su reglamento por medio de una resolución, Paraguay votó la modificación de su reglamento y en Colombia se autorizó vía un decreto legislativo del presidente.

Con respecto a la agenda legislativa en esta nueva modalidad, el Congreso también podría definir sobre los temas que se podrán tratar de manera virtual. Por último, el estudio de CIPPEC destaca que la incorporación de tecnología en la labor legislativa debe asegurar la integridad del proceso en su conjunto, fundamentalmente incorporando medidas de seguridad informática. Esto implica implementar soluciones de seguridad en los dispositivos de los legisladores; garantizar la identidad de los usuarios, especialmente durante el momento de emisión del voto, utilizando técnicas de identificación facial; y desarrollar planes de contingencia en caso que las herramientas utilizadas fallen.