Después del discurso de Alberto Fernández en la Asamblea Legislativa, el Gobierno prepara un anuncio con el paquete de medidas sobre la reforma judicial.

“Será pronto”, aseguraron a este diario desde una de las carteras que redactan los proyectos de ley que ingresarán al Congreso. La idea original del equipo de asesores judiciales era presentarl en las sesiones extraordinarias, pero sólo pudieron avanzar con la media sanción de la reforma de las jubilaciones especiales de los jueces. Aún queda el tratamiento en el Senado, donde podrían surgir modificaciones impulsadas por la oposición.

Según contaron fuentes oficiales a BAE Negocios, se trata de una “reforma con varios proyectos”. De los detalles se conoce poco. Algunos lineamientos fueron deslizados por el Presidente en la apertura de sesiones del domingo.

El punto central de la reforma apuntará a la reorganización del sistema federal. El Presidente lo definió como un “reordenamiento”. La base será la creación de un nuevo Fuero Federal Penal, que unificará los fueros penales que tienen jurisdicción en el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Esta medida implica que las causas que controlaban los 12 jueces federales ahora pasarán a ser sorteadas con los 70 jueces penales de CABA.

Las leyes transcendentes prometidas por la Rosada en el ámbito legislativo estuvieron concentradas en las promesas que había hecho el 10 de diciembre cuando asumió la nueva administración. Los párrafos más duros del discurso del domingo dispararon contra la designación de jueces ante la existencia de una “manipulación de sorteos” y la presencia de “oligopolios” de jueces federales.

Otro de los ejes será avanzar en el nuevo sistema acusatorio penal, con especial énfasis en los delitos de narcotráfico en las zonas de Rosario y Santa Fe. La implementación del sistema comenzó a regir a mitad del año pasado durante el macrismo con la reforma del Código Procesal Penal. Para ello se reforzarán los cargos de auxiliares y asistentes de fiscales.

Los detalles de la reforma la conocen el Presidente y su núcleo de asesores judiciales más cercano: la ministra de Justicia, Marcela Losardo, el secretario de Asuntos Estratégicos, Gustavo Béliz, la secretaria Legal y Técnica, Vilma Ibarra, y el secretario General de la Presidencia, Julio Vitobello. La cantidad de proyectos que incluirá el nuevo programa judicial aún no está definido. “Todo lo va anunciar el Presidente”, afirmaron fuentes gubernamentales. Quedan detalles por terminar de definir. “Siempre hay cuestiones que se definen a último momento”, destacaron las mismas fuentes.

Entre los cambios, aunque sin detalles, planean resguardar los intereses patrimoniales del Estado con reformas en la justicia contenciosa administrativa. También se conformará un Consejo para Afianzar la Administración de Justicia en la República Argentina, integrado por académicos y especialista del área judicial.

Sin hacer mención de cómo se implementará, Gobierno habló de “optimizar el funcionamiento de la Corte Suprema”, “mejorar el trabajo del Consejo de la Magistratura”, “instaurar el juicio por jurados”,  “modernizar el código penal” y fortalecer el “rol del Ministerio Público”. De esta batería de anuncios queda el punteo de objetivos que irá delineando el Ejecutivo en los cuatro años de gestión.

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