Sin votos negativos pero con críticas de la oposición, el Senado aprobó la Ley de Góndolas que promueve una competencia más igualitaria para las marcas en los supermercados y pretende fomentar la competencia, aumentar la participación de pymes y de la economía popular y bajar precios a los consumidores.

La iniciativa fue apoyada tanto por el oficialismo como por la mayor parte de la oposición. Fue aprobada con 56 votos a favor, ninguno en contra y cuatro abstenciones, correspondientes a Lucila Crexell (Movimiento Popular Neuquino), Eduardo Costa, Martín Lousteau y Esteban Bullrich (Juntos por el Cambio).

A pesar de apoyar el proyecto, el presidente del interbloque de senadores de Cambiemos, Luis Naidenoff, consideró que "es insuficiente" y que "hace falta decisión política" para aplicar los controles de leyes ya existentes para impedir la suba de precios.

El proyecto había sido impulsado por la diputada Elisa Carrió durante la gestión de Juntos por el Cambio pero el Frente de Todos lo recogió este año y avanzó con su aprobación en el Senado.

La ley ya había recibido media sanción en Diputados el 20 de noviembre pasado, en una de las últimas sesiones bajo la presidencia de Mauricio Macri. En ese momento recibió 180 votos a favor, uno en contra y 18 abstenciones.

El texto sancionado por el Congreso establece que tanto productos como alimentos y bebidas cuyas marcas sean de un mismo grupo económico no podrán ocupar más del 30 por ciento del espacio en las góndolas de los supermercados e hipermercados.

Además, determina que los establecimientos deberán garantizar un 25% de la góndola para la exhibición de productos de micro y pequeñas empresas nacionales y un 5 por ciento adicional para productos originados por la agricultura familiar, campesina e indígena y sectores de la economía popular.

La ley deberá implementarse en un plazo de 60 días y alcanza solo a grandes supermercados e hípermercados con más de 50 bocas de expendio en todo el país. En concreto, abarcará a 13 grandes cadenas, que facturan $1.700 millones al año y comprenden el 26 por ciento de la cadena comercial del país.

Los almacenes, autoservicios chinos y kioscos -canales de venta que concentran alrededor de 70 por ciento de las ventas minoristas-, quedarán excluidos, establece la normativa.