Un año después del inicio de la era presidencial de Alberto Fernández la agenda de urgencias sindicales se amplió bajo el rigor pandemia en cuanto a empleo, salarios, obras sociales y la postergada concreción del Consejo Económico y Social (CES).

También la disputa por la secretaría general de la CGT sigue como un clásico de clásicos que, postergaciones de calendario de mandatos vía ministerio de Trabajo mediante, también se desarrolló este año y regresará a la pantalla del movimiento obrero en 2021.

En cuanto al CES, protocolar para escépticos, decisivo para otros, tiene la obligación, crisis mediante, de ser algo más que la mesa tripartita para Gobierno, empresas y gremios. Salir del pozo o sucumbir son las alternativas.

Como tonos fuertes del cierre 2020 gremial los conflictos no tradicionales como la huelga del sector agroexportador, en pulseada a toma y daca, y el paro de los maquinistas ferroviarios por la deuda monetaria a las obras sociales, frenado vía conciliación obligatoria, realzan con peso propio el final de año.

Para el caso del paro decretado por la alianza gremial entre Aceiteros y Recibidores de Granos, ambas exponen en una contradicción expuesta a sus empleadores: la actividad exportadora no tuvo un día de parate por el rigor de la pandemia. Los empresarios hablan de 100 millones de dólares de pérdidas diarias y al mismo tiempo “reniegan de un acuerdo salarial respetable”. Todo en virtud de “presionar al Gobierno por una devaluación y estratégia de desgaste político”, resumió Daniel Yofra titular de la Federación Aceitera.

La cuestión de las obras sociales es común a casi el 99% del mapa de esquema de salud sindical que se extiende a millones de personas. Era, es y será tema de preocupación en diversos tonos para los sindicatos. Más allá de que la medida de fuerza que en los últimos días detonó La Fraternidad de Omar Maturano dejó al ferroviario como punta de lanza pública.

Otros colegas gremiales de ese referente prefieren quejarse en silencio.

Un año atrás también Héctor Daer, uno de los jefes de la CGT, desde la localía de Azopardo y a un par de metros de Alberto Fernández enfatizó que esa central “es parte de este Gobierno”.

Amén de que otros dirigentes obreros miraron para otro lado al escucharlo, lejos estaba de imaginar el también titular de ATSA que meses después llegaría el coronavirus, que debería pactar con la UIA acuerdos para el pago de salarios de trabajadores suspendidos y mucho menos que en algún día no tan lejano se preguntaría públicamente, vía Twitter, si el ministro de Transporte, Mario Meoni, habitaba la Argentina u otro país.

El enojo superó el nunca efectivizado transporte público gratuito para los trabajadores de salud durante el aislamiento obligatorio.

El Frente Sindical (Fresimona) al comando de Hugo y Pablo Moyano se robusteció desde el cumplimiento de la palabra empeñada por el Gobierno en cuanto a pactos salariales y preponderancia pública para Camioneros, a punto tal de que Pablo Moyano sigue vaticinando el final de la actual conducción de Azopardo.

Y en siglas de tres letras, los ATP jugaron su papel también, que hayan sido “para casi todos” los trabajadores y sin necesidad de reembolso empresarial, motivaron algún disgusto en no pocos gremios. No fue tan notoria la queja porque cuando en marzo se esperaba un desastre para el empleo registrado, algunos secretarios generales imploraban por la medicina que fuera para sostener trabajo. De hecho hubo organizaciones sindicales que activaron los ATP para abonar los salarios del personal que presta servicios en sus órbitas, toda una postal.

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