Luego de su firma en 2018 y su nulo avance por la crisis económica que se produjo ese mismo año, los contratos de Participación Público-Privada (PPP) quedaron oficialmente rescindidos a través de un Decreto presidencial que le devuelve a Vialidad Nacional toda la concesión de la obra pública sobre las rutas argentinas.

Los PPP habían sido una apuesta del por entonces gobierno de Cambiemos para darle un impulso a la obra pública e intentar realizar arreglos en las rutas nacionales 3, 226, 5, 7, 9, 183, 11, 34, y las autopistas Riccheri, Newbey y Ezeiza-Cañuelas que abarcaban los seis corredores viales que se dispusieron.

El fin del financiamiento internacional para el país y el aumento del dólar durante el 2018 hicieron que las obras quedaran ralentizadas y “sólo se ejecutó, en promedio, el 2% del plan”, según el actual ministro de Obra Pública, Gabriel Katopodis.

El Decreto 1036/2020 que firma el presidente, Alberto Fernández, y todo su gabinete, le otorga toda la potestad sobre las obras de estas rutas a la Dirección de Vialidad Nacional y a la sociedad anónima creada por el macrismo con el fin de articular los PPP, Corredores Viales SA.

La medida también determina que se integren a la empresa “el personal que hasta la fecha de toma de posesión se encontrare en relación de dependencia con los Contratistas PPP predecesores de los Corredores Viales Nacionales”.

Las empresas salientes por común acuerdo de los contratos de los PPP eran Cruz del Sur, Green, Andes, Panamericano y AUSUR, quienes habían firmado junto con el ex ministro de Transporte, Guillermo Dietrich, un plan para invertir de manera conjunta con el estado.

“La concesión de la obra pública por peaje para la construcción, mejora, reparación, promoción, ampliación, remodelación, mantenimiento, administración, explotación y prestación de servicios” ahora quedará en manos de Corredores Viales SA y Vialidad Nacional.