La puja para concretar la emergencia alimentaria por DNU o una ley ganó las calles y se sumó al debate en medio del tembladeral económico financiero y social. Por un lado la oposición política, sindicatos y organizaciones sociales consideran imprescindible habilitar esa alternativa para hacer llegar fondos a los más necesitados ante la emergencia. El Gobierno, mientras tanto, alude a la ley 25.724, Programa Alimentario y de Nutrición, que sostienen ya contempla un marco de contención ante situaciones críticas.

Mientras tanto los sindicatos de la CGT, organizaciones empresarias y civiles, de la producción y del sector académico que integran la "Mesa de Encuentro por el Trabajo y la Vida Digna" reclamaron a la Casa Rosada "la urgente declaración de la emergencia alimentaria" ante "la realidad de la crueldad del hambre".

Al compás de la presencia del triunvirato Cayetano que integran la CTEP, Barrios de Pie Somos y la CCC en el Congreso para dialogar con los bloques parlamentarios hubo un encuentro en el Centro de Estudios Laborales donde los participantes exigieron "el fortalecimiento de una canasta básica de primera infancia y de mujeres embarazadas o en período de lactancia" y "el aumento de la Asignación Universal por Hijo ( AUH)".

Allí enfatizaron que el presente los compromete "con la convocatoria de la Pastoral Social de la Iglesia Católica, Iglesias Evangélicas y miles de personas en las calles para enfrentar la crueldad del hambre".

Con datos duros y desde el documento titulado "Desde el Encuentro hacia un Acuerdo Multisectorial", enfatizaron que la " AUH debe ser incrementada al valor de la CBT para un menor de 18 años, estimada en $5.834 al primer trimestre del año, de modo que una familia que reciba dos asignaciones de ese monto".

El rector de la UMET, Nicolás Trotta, le brindó su lectura sobre el reclamo y escenario ardiente a BAE Negocios. "Frente al escenario de crecimiento del hambre y la pobreza el Gobierno debe desplegar medidas para enfrentar la situación con urgencia", aseveró. Tal situación, consideró, debe tener lugar "en coordinación con provincias y municipios. No se puede perder ni un minuto en el debate legalista sobre si está vigente o no, si debe ser sancionada o no. Dilatar su aplicación es un crimen en cabeza del Ejecutivo Nacional". Por su parte el abogado laboralista Héctor Recalde también le remarcó a este diario que "la Ley 25.724 se puede y debe aplicar a través de un decreto reglamentario". Además de recalcar la legitimidad del reclamo de organizaciones sociales sobre todo las que privilegian todas las instancias de diálogo "como también la indiferencia del Ejecutivo Nacional".

Desde los Cayetanos consideran que ya lograron acuerdos y número para una sesión especial, pero no descartan que el Gobierno, "se apiade y en honor a la República que tanto ponderan se defina un DNU. En la CTEP tras la visita al Congreso de la Nación el referente Gildo Onorato consideró positivo, en medio de tanto desaire "que los legisladores hayan atendido el pedido urgente de los movimientos populares, es muy importante".

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