La ex presidenta Cristina Fernández habló por primera vez sobre la causa de las coimas en la obra pública y, con críticas a lo que calificó como " un verdadero menú de arrepentidos", negó haber recibido sobornos por parte del empresario Gabriel Romero quien aseguró haber pagado un decreto presidencial tras sumarse a la lista de colaboradores del juez federal Claudio Bonadío.

En una carta que tituló "Sobre pijamas, dormitorios y decretos en la Argentina macrista arrepentida" aclaró que decidió "no hacer comentarios sobre remiseros 'arrepentidos' que dicen" haberla visto " en pijama" y tampoco "opinar sobre ex funcionarios de cuarta línea, también 'arrepentidos', que nunca formaron parte" de sus presidencias "pero que describen excursiones casi turísticas en mi dormitorio".

Sin embargo aseguró que tiene "la obligación" de hablar sobre el decreto por el que Romero afirma pagó u$s600.000 para que el gobierno de Cristina Fernández le renovara en 2010 la concesión de la explotación de las obras para la navegación de la Hidrovía del Río Paraná.

"Sería muy interesante que el Sr. Romero indicara a quién y cómo le pagó, porque a mí nunca nadie me pagó nada por firmar ni este ni ningún otro decreto, ni por llevar adelante ninguna de las medidas de mis gobiernos", cuestionó y comenzó a detallar cómo fue la renegociación con el empresario desde 2007 cuando "la aplicación de las normas en materia de liquidación del Impuesto al Valor Agregado (IVA) convertía a la empresa en gran deudora de la AFIP por la liquidación de dicho tributo" y esto representaba "el principal problema".

"La empresa sostenía que la normativa estaba mal aplicada en el caso particular de su actividad. Durante el año 2008, siendo ya presidenta, le manifesté al Sr. Romero que ese problema no se podía solucionar en el ámbito del Poder Ejecutivo porque la AFIP no iba a hacer ninguna interpretación que implicara condonar una deuda. Le dije que yo no iba a firmar absolutamente nada sin la intervención del Congreso porque se trataba de materia impositiva", aclaró.

Y continuó: "Finalmente, dicho problema fue abordado por una Ley del Congreso de la Nación que interpretó específicamente una forma de liquidación del IVA para el caso de concesiones de obras de dragado, señalización y mantenimiento de vías navegables con motivo de su explotación. O sea, para Hidrovía S.A. Dicha Ley, la 26.453, fue sancionada el 10 de diciembre de 2008 por UNANIMIDAD"

Luego de repasar los aspectos legales de la situación, la senadora por Unidad Ciudadana resaltó que "por tratarse de facultades delegadas, la propuesta de Acta Acuerdo salió de la esfera de decisión del Poder Ejecutivo y su contenido fue obligatoriamente sometido a consideración y aprobación del Congreso de la Nación" y que sin la aprobación parlamentaria "no había decreto".

"Por último, y de acuerdo lo establece el decreto 311/03, correspondía al Poder Ejecutivo ratificar los acuerdos alcanzados y por eso el 21 de enero de 2010 firmé el decreto 113", deslizó.

Además, cuestionó el manejo del caso al que denominó "extorsivo" de la figura del “arrepentido” llevado a cabo por Bonadío y el fiscal Stornelli. "Es sencillamente escandaloso, pero cuenta con el beneplácito de las más altas esferas del Poder Judicial, de los medios hegemónicos de comunicación y de este gobierno que ha provocado que nuestro país se esté cayendo a pedazos en medio de una verdadera catástrofe económica y social. Lo saben todos y todas", consideró.